La Junta plantea una ley de regadío y la revisión de la normativa de aguas para el sector agroalimentario andaluz

El sector agroalimentario andaluz afrontará una legislatura marcada por la modernización de los regadíos, el relevo generacional y el debate sobre la futura PAC

La Junta de Andalucía se ha comprometido a impulsar una nueva Ley del Regadío Sostenible y a revisar la Ley de Aguas de Andalucía durante la actual legislatura. Ambas actuaciones forman parte de las prioridades presentadas por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ante la Mesa de Diálogo Social para abordar los principales retos del sector agroalimentario andaluz.

La Consejería informó el 4 de septiembre de 2026 de esta reunión con representantes sindicales y empresariales, enmarcada en la ronda de contactos iniciada por el departamento autonómico al comienzo de la legislatura. El encuentro se centró en las líneas de actuación previstas para los próximos años en el sector primario, la industria agroalimentaria, la gestión del agua y el medio rural.

Entre los objetivos trasladados a sindicatos y patronal figuran la mejora de la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones y empresas, el relevo generacional, la modernización y la incorporación de innovaciones. La disponibilidad de agua y la creación de oportunidades económicas en las zonas rurales completan las prioridades expuestas por el Gobierno andaluz.

En materia hídrica, la Junta plantea continuar con la ejecución de infraestructuras, la movilización de nuevos recursos y la modernización de los regadíos. Estas líneas de trabajo se acompañarán de la elaboración de la futura ley de regadío sostenible y de la revisión de la normativa autonómica de aguas, dos compromisos anunciados para esta legislatura.

Las medidas presentadas se encuentran en el ámbito de la planificación política de la Consejería. Fernández-Pacheco defendió ante los participantes que la coordinación entre la Administración, las empresas, los sindicatos y los representantes del sector permite responder con mayor eficacia a sus problemas.

La nueva estructura de la Consejería también fue abordada durante la reunión. El organigrama refuerza las áreas relacionadas con la industria agroalimentaria, el agua y los regadíos e incorpora una Secretaría General específica para la agroindustria.

Según explicó el consejero, la creación de este órgano pretende aumentar el peso de la industria agroalimentaria dentro del departamento autonómico. Fernández-Pacheco sostuvo que la modificación no se limita a una reorganización administrativa, sino que responde a la intención política de conceder una mayor presencia a esta actividad en la gestión de la Consejería.

La Junta incluyó asimismo entre sus prioridades la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC). El Ejecutivo autonómico defenderá que esta política europea cuente con un presupuesto propio y suficiente, que tenga en cuenta las características productivas de Andalucía y que permita a las regiones conservar capacidad de participación y decisión.

La rentabilidad del sector primario aparece como uno de los ejes centrales de las líneas planteadas. Junto a ella, la Consejería sitúa el relevo generacional como una cuestión vinculada a la continuidad de las explotaciones y a la actividad económica en el medio rural.

La modernización y la innovación se incorporan también a la estrategia anunciada para los próximos años. En el caso de los regadíos, estos objetivos se relacionan con las actuaciones sobre infraestructuras y recursos hídricos que el Gobierno andaluz prevé mantener durante la legislatura.

Fernández-Pacheco señaló que la Mesa de Diálogo Social continuará utilizándose para presentar las prioridades de la Administración y recoger las propuestas y preocupaciones de los agentes económicos y sociales. El consejero manifestó que la intención de la Junta es mantener una interlocución permanente durante el desarrollo de las distintas medidas.

El contenido de la reunión abarca así actuaciones legislativas, cambios en la estructura administrativa y posiciones políticas ante la futura PAC. La gestión del agua, la competitividad, la agroindustria y la continuidad generacional del campo constituyen los principales ámbitos sobre los que la Junta prevé centrar su política agroalimentaria en los próximos años.