La Justicia acuerda destruir 1.789 vehículos y embarcaciones del narcotráfico en Cádiz

Los vehículos y embarcaciones del narcotráfico en Cádiz carecen de valor o su venta resulta antieconómica y permanecen bajo custodia de una depositaria judicial

La Administración de Justicia ha acordado la destrucción de 1.789 vehículos y embarcaciones del narcotráfico en Cádiz, intervenidos en distintas operaciones desarrolladas en la provincia. Los bienes permanecen bajo la custodia de la empresa Rent Marín S.L., que actúa como depositaria judicial.

El acuerdo figura en un edicto de la Audiencia Provincial de Cádiz publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La medida afecta a bienes que, de acuerdo con los informes incorporados al expediente, carecen de valor, tienen una venta claramente antieconómica o no pueden destinarse a un uso legal.

El expediente gubernativo incluye informes periciales elaborados para determinar el estado y el posible destino de los vehículos y las embarcaciones. Cada uno de los 1.789 bienes ha sido identificado mediante una ficha individualizada, fotografiado y examinado por un perito judicial, según recoge el edicto difundido por Europa Press.

Este procedimiento permite conservar una referencia documental de cada vehículo o embarcación antes de su eliminación y garantiza su posterior identificación. El informe pericial concluye que los bienes incluidos en la relación carecen de valor económico o que los costes vinculados a su realización superarían los posibles ingresos obtenidos.

La acumulación de estos efectos intervenidos genera además un coste para la Administración mientras permanecen en depósito. La necesidad de darles un destino legal llevó a la apertura del expediente y a la elaboración de la relación de bienes susceptibles de ser destruidos.

La destrucción fue ratificada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El acuerdo se ampara en el artículo 367 quáter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el protocolo aplicable a los bienes intervenidos que carezcan de valor, cuya realización resulte antieconómica o que no puedan utilizarse legalmente.

La resolución establece que la eliminación de los vehículos y embarcaciones deberá ejecutarse con las medidas necesarias para cumplir la legislación medioambiental. Esta previsión afecta al tratamiento de los materiales y residuos derivados del proceso de destrucción de los bienes almacenados.

Antes de proceder a su eliminación, el acuerdo deberá comunicarse a los órganos judiciales a cuya disposición se encuentren los vehículos y embarcaciones incluidos en el expediente. También se informará, a través de los decanatos de cada partido judicial, al resto de órganos judiciales de la provincia en los casos en los que los bienes no estén vinculados a una oficina judicial concreta.

Los juzgados dispondrán de un plazo de un mes para manifestar su oposición a que alguno de los bienes bajo su responsabilidad sea incorporado definitivamente al listado de destrucción. Si durante ese periodo no formulan objeciones, los vehículos y embarcaciones recibirán el destino previsto en el acuerdo y serán destruidos.