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a Diputación ofrece formación a técnicos municipales para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos durante una jornada propiciada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en su apuesta por la economía circular y por hacer realidad las llamadas tres erres: reducir, reutilizar, reciclar. Javier Pizarro, diputado responsable del área de Desarrollo Sostenible, ha hecho alusión durante su intervención a la labor de la Diputación, la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz por buscar soluciones a la gestión de residuos.
Al respecto, en los 14 municipios de la Sierra de Cádiz se va a poner en marcha un proyecto piloto en la comunidad autónoma para recoger puerta a puerta los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, previa llamada del usuario.
“No podemos dejar pasar la oportunidad de ir formando a los técnicos y que sepan qué es lo que hay que hacer con estos residuos”, ha indicado el diputado, quien ha valorado el papel que desempeña en esta formación la FAMP.
Los RAEE son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales. El Real Decreto 110/2015 sobre RAEE, que regula todo lo referente a la gestión y tratamiento de estos residuos, los clasifica en grandes y pequeños electrodomésticos, equipos informáticos y de telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes y equipos deportivos, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia o control y máquinas expendedoras. La mayoría de ellos están muy presentes en el día a día de todos los hogares como las lavadoras, frigoríficos, microondas, tostadoras, secadores de pelo, teléfonos móviles, bombillas o incluso las pilas, informa la FAMP.
Junto con la actuación de las administraciones es importante la colaboración ciudadana para retirar y reciclar los aparatos tras su vida útil. La gestión de estos residuos persigue además de un objetivo ambiental otro económico. Tal como informa la FAMP, la mejora de estos servicios reducirá la contaminación que estos aparatos generan cuando han dejado de ser útiles. Además estos objetivos implican un aumento de la actividad económica del sector, que emplea en Andalucía a 23.000 personas y factura en torno a los 2.200 millones de euros.