La figura del intendente supone un engranaje más en las reformas de la organización territorial de la Monarquía por parte de los Borbones.
El intendente de provincia, de origen francés, aparece en España dentro de las reformas emprendidas por Felipe V. Su principal cometido era fiscalizar la administración territorial. Existen dos etapas en la implantación de esta figura. En plena Guerra de Sucesión el rey nombró varios superintendentes generales del ejército, entre cuyas misiones estaba la de actuar sobre los territorios conquistados, tanto en cuestiones militares, como gubernativas y hacendísticas. En el año 1718, los intendentes pasaron a ser intendentes de provincia. Además de las funciones mencionadas terminaron por acumular otras, especialmente en lo relativo al fomento de los sectores productivos –agricultura, artes y artesanía, comercio-, de las comunicaciones y transporte de su demarcación provincial. Hubo casos en los que unieron su cargo al de corregidor, la figura comisarial anterior, por lo que pasarían a ser intendentes-corregidores.
En 1749 se promulgaron las Ordenanzas de intendentes-corregidores. En dicha disposición se dejó claro el interés de la Corona por reorganizar la administración para mejorar el gobierno y la recaudación fiscal. Precisamente, en esos momentos se estaba poniendo en marcha el Catastro de Ensenada. Se estableció en cada provincia un intendente al que iba unido el corregimiento de su capital, además de una serie de oficiales a su cargo. A los intendentes se les conminó para que fueran eficaces para mantener el orden y para evitar que hubiera abusos en la administración de la justicia. También se les ordenó que, ayudados por un ingeniero, levantaran el mapa geográfico de su provincia, señalando los lugares de realengo, los de señorío, los de abadengo, los accidentes geográficos, bosques, calidades de las tierras, montes, dehesas, etc.., con el fin de poder mejorar el gobierno, la administración y la economía Detrás de esta medida estaría la impronta del siglo, la de del despotismo ilustrado con su interés por el desarrollo.
Posteriormente, en 1766 se separó el cargo de intendente del de corregidor para que el primero solamente tuviera funciones administrativas, financieras y militares y no las judiciales, pero siempre fue muy imprecisa la diferencia entre unas funciones y otras, algo muy propio del Antiguo Régimen, donde se terminaban de solapar, con cierta frecuencia, las funciones y cometidos de las instituciones.
En tiempos de Carlos III y en virtud de las reformas emprendidas por José de Gálvez, figura capital en la historia de los cambios administrativas en América emprendidos por el despotismo ilustrado, el sistema de intendencias se extendió a continente americano.