Concentraciones a las puertas de las delegaciones territoriales de Educación y una caravana de coches vespertina son algunas de las actuaciones previstas
ANPE Andalucía, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía y FeSP-UGT Andalucía han acordado un calendario conjunto de movilizaciones al considerar insuficientes los recursos materiales y humanos para una vuelta a las aulas con las máximas garantías de seguridad en el marco actual de pandemia. Las actuaciones comenzarán el 18 de septiembre con concentraciones de delegados y responsables sindicales en las delegaciones territoriales de Educación de la Junta de Andalucía.
Para la siguiente semana las organizaciones sindicales tienen previsto organizar una caravana de vehículos vespertina en cada una de las capitales de provincias andaluzas, a la que se invitará a todo el profesorado, con el objetivo de reivindicar la implementación de las medidas necesarias para dotar de mayores garantías de seguridad a los docentes en el ejercicio de su labor. Asimismo, se llevará a cabo una campaña en redes sociales orientada a demandar mayor seguridad para los docentes andaluces.
Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa conjunta el presidente de ANPE Andalucía, Francisco José Padilla Ruiz; la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García Fernández; y la secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT Andalucía, Sandra Fernández Ortiz. Todos ellos han considerado esencial la unidad de acción sindical ante la complejidad de la situación actual.
Para estas organizaciones sindicales, es necesario un mayor esfuerzo presupuestario para el arranque del curso 2020-2021, dadas las circunstancias de crisis sanitaria, de manera que se proceda a la contratación de más efectivos, tanto docentes como no docentes, y para invertir más en medios materiales. Es necesario bajar la ratio a través de más desdobles que posibiliten cumplir la distancia interpersonal establecida por las autoridades sanitarias. Sólo así podrá preservarse la seguridad de los profesionales.
A juicio de los responsables sindicales, los recursos que la Administración educativa ha puesto encima de la mesa no bastan para dar respuesta al colectivo docente y a la comunidad educativa en general para afrontar en las mejores condiciones la actividad educativa en el contexto que impone el SARS CoV-2.
Además del incremento de plantilla, los tres sindicatos piden ser partícipes del proceso para destinar los recursos humanos en los centros que lo necesiten en virtud de los estudios que tiene la Consejería al respecto y cuyo contenido reclaman conocer. Inciden especialmente en el refuerzo del personal de los servicios complementarios, como aula matinal y comedor, que es esencial dadas las circunstancias.
Igualmente, demandan la contratación de personal sanitario específico para los centros, que además de labores de prevención y orientación en hábitos de salud, podría desempeñar las funciones encomendadas a la figura del coordinador Covid, con un papel activo de asesoramiento en la elaboración de los protocolos a seguir.
Otra de las reivindicaciones expresadas por los responsables sindicales ha sido la necesidad de máxima coordinación entre las distintas administraciones, por ejemplo, para la adecuación de espacios, y para cualquier cuestión relacionada con las competencias de cada una de ellas en la gestión de la pandemia.
Atención al profesorado vulnerable
En relación al personal docente vulnerable, los sindicatos piden a la Administración transparencia en relación al número de solicitudes admitidas y denegadas para acogerse a la adaptación o exención de prestar servicio por pertenecer a grupos que tengan esta consideración, al tiempo que piden una solución alternativa a una incapacidad temporal para las personas que se encuentran en esta situación. Al igual que se arbitran medidas específicas para el alumnado vulnerable, deberían implementarse también –a su juicio– en relación con el profesorado vulnerable, adaptando sus funciones a las que sí puedan desarrollar teniendo en cuenta las circunstancias, según han señalado.
Por otro lado, exigen agilidad y eficiencia por parte de la Administración educativa en dar respuesta y dotar de instrumentos a los docentes para que puedan resolver los problemas cotidianos y las contingencias que se presenten en el marco de esta crisis sanitaria. En este sentido, piden unánimemente confianza en el profesorado.
Una vez más, los sindicatos han criticado la incertidumbre que la Administración ha generado, en lugar de establecer medidas y directrices más precisas, escudándose para ello en la autonomía de los centros, y han señalado como ejemplo la flexibilidad en la modalidad de enseñanza a partir de 3º de la ESO.
Planteamiento común
La seguridad de los docentes y la falta de medidas por parte de la Administración educativa constituyen el eje central de las acciones reivindicativas que emprenderán conjuntamente CSIF, ANPE y FeSP-UGT Andalucía, que comparten un mismo planteamiento en relación a las medidas de presión que ejercer: No barajan, por el momento y de cara al inicio de curso, una huelga, atendiendo a un principio de prudencia y al considerar también que no es el sentir de los docentes, que están ahora centrados en las tareas que les competen para comenzar las clases de la mejor manera posible, dadas las complicadas circunstancias.
No obstante, no descartan, llegado el caso, endurecer las movilizaciones y medidas de presión, si lo considerasen conveniente dependiendo del devenir de los acontecimientos y de la respuesta de la Administración, a la que exigen “una verdadera negociación, no sólo que informe a los sindicatos una vez adoptadas unilateralmente las decisiones”.