Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica para evitar la huelga médica

El acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica incorpora cambios en el Estatuto Marco, el reconocimiento de la penosidad de las guardias y el estudio de la jubilación anticipada, medidas que afectan a los profesionales del Sistema Nacional de Salud, incluidos los de la provincia.

El Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica han alcanzado un acuerdo para mantener el diálogo y evitar la convocatoria de huelga médica en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). El entendimiento, anunciado este 5 de marzo en Madrid, se produce tras varios meses de negociaciones en torno a la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica incluye la incorporación de varias demandas del colectivo médico al proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria. El objetivo es avanzar en la resolución del conflicto abierto en torno a las condiciones laborales y profesionales del sector.

El Foro de la Profesión Médica está integrado por la Organización Médica Colegial (OMC), el sindicato CESM, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). Estas entidades representan a una parte significativa de los médicos en ejercicio, incluidos los que trabajan en hospitales y centros de salud públicos de Andalucía y de la provincia.

Entre las medidas acordadas figura el refuerzo de la participación de la profesión médica en la determinación de sus condiciones de trabajo, a través de sus representantes sindicales y mediante la ampliación de funciones del Foro Profesional previsto en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). También se impulsarán órganos similares en las comunidades autónomas y mesas técnicas específicas en los servicios de salud, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

En relación con la clasificación profesional, el Ministerio se compromete a adaptar el Estatuto Marco al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Esta modificación diferenciará entre titulaciones de nivel MECES 3 y MECES 2 con formación sanitaria especializada de cuatro o más años. Además, se iniciará una revisión integral de la LOPS para actualizar la clasificación funcional y profesional y avanzar en aspectos como la especialización y la formación continuada.

Otro de los puntos centrales del acuerdo es el reconocimiento de la penosidad asociada a las guardias médicas. Según lo pactado, la retribución de estas jornadas contará con un doble componente: el complemento de atención continuada ya existente y un complemento adicional vinculado a la nocturnidad. Esta medida afecta directamente a los facultativos que realizan guardias en hospitales y centros sanitarios públicos, una práctica habitual en la red sanitaria andaluza.

Asimismo, el Ministerio abordará el estudio de la posible aplicación de la jubilación anticipada en determinadas actividades sanitarias en las que concurran circunstancias específicas, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 402/2025 sobre jubilación anticipada en el sistema de la Seguridad Social.

Todas estas medidas se incorporarán al proyecto de ley del Estatuto Marco durante su tramitación parlamentaria, en coordinación con las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector. La reforma afecta al conjunto del personal estatutario de los servicios de salud, por lo que tendrá impacto en los profesionales que ejercen en los hospitales y centros de atención primaria de la provincia.

El acuerdo llega tras meses de negociaciones y complementa el alcanzado previamente en la mesa del ámbito, según ha señalado el Ministerio. Con este paso, ambas partes buscan encauzar el conflicto en un marco de diálogo institucional y evitar un escenario de huelga que podría haber tenido repercusiones en la asistencia sanitaria.

El desarrollo definitivo de las medidas dependerá ahora de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley y de su aplicación posterior por parte de las comunidades autónomas, competentes en la gestión de los servicios sanitarios.