La formación asegura que el Ayuntamiento ha realizado ocho requerimientos a la adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz sin iniciar expedientes sancionadores y reclama medidas ante los incumplimientos detectados
Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha denunciado que el Ayuntamiento de Cádiz ha realizado ya ocho requerimientos a Óbolo, empresa adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz, sin haber abierto ningún expediente sancionador pese a reconocer incumplimientos en la prestación.
El concejal de AIG Carlos Paradas informó este jueves de que la situación se recoge en un informe municipal remitido esta semana, en el que se admite la existencia de incidencias en el contrato. Según explicó, el documento fue solicitado tras una moción presentada por su grupo en el Pleno del pasado mes de mayo, en la que reclamaban un balance detallado sobre las incidencias detectadas y las posibles penalidades aplicadas a la empresa.
De acuerdo con la información trasladada por la formación, el Ayuntamiento ha optado hasta ahora por emitir requerimientos a la adjudicataria para que subsane las deficiencias detectadas, sin iniciar procedimientos sancionadores.
Paradas señaló que los incumplimientos afectan tanto a las condiciones laborales como a la organización del servicio. Entre las situaciones denunciadas por el comité de empresa, mencionó retrasos, falta de información, bajas sin cubrir y carencias de personal. También indicó que habría personas con la prestación reconocida desde agosto de 2025 que aún no estarían recibiendo la ayuda.
El edil añadió que, según las representantes sindicales, la empresa se habría negado en algunos casos a facilitar documentación solicitada tanto por el comité como por el propio Ayuntamiento. AIG considera que estas circunstancias requieren una actuación más contundente por parte del equipo de Gobierno municipal.
El servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz atiende a personas mayores y dependientes con prestación reconocida, y su gestión está externalizada mediante contrato público. La Ley de Contratos del Sector Público contempla la posibilidad de imponer penalidades en caso de incumplimientos contractuales.
Desde Adelante Izquierda Gaditana sostienen que la acumulación de requerimientos sin sanción evidencia, a su juicio, una falta de control sobre la empresa concesionaria. Paradas afirmó que el Gobierno local “está mirando hacia otro lado mientras se suceden los incumplimientos” y cuestionó que no se hayan iniciado expedientes pese a que el propio informe municipal reconoce incidencias.
La formación también reiteró su apuesta por la municipalización del servicio, al considerar que el modelo externalizado no está garantizando ni las condiciones laborales ni la calidad asistencial.
Por el momento, el equipo de Gobierno no ha hecho pública una valoración sobre estas acusaciones. AIG ha pedido que se garantice el cumplimiento íntegro del contrato y que, en caso de incumplimientos reiterados, se activen los mecanismos sancionadores previstos en la normativa.
El debate sobre la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz se produce en un contexto de seguimiento por parte del comité de empresa y de la oposición municipal, que reclaman mayor transparencia y control en la ejecución del contrato.
