La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, lamenta la primera reacción de la delegación territorial de Salud y Familias indicando que este servicio está externalizado y le recuerda que “si bien se puede externalizar la gestión, no se puede hacer lo mismo con la responsabilidad”
La parlamentaria andaluza por Cádiz y portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha registrado una pregunta dirigida a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para que informe sobre las medidas que ha adoptado en relación a la aparición de residuos sanitarios en la planta de tratamientos Las Calandrias, procedentes del Hospital de Jerez, según ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras.
La parlamentaria y responsable de Política Institucional de IU Andalucía coincide con “la preocupación expresada por los responsables de la citada organización sindical, toda vez que estos hechos suponen un grave riesgo para la salud pública en general, y para la de los trabajadores, en particular, además de un alarmante incumplimiento de los protocolos de gestión de los residuos sanitarios”.
Además, afirma Nieto que, “especialmente preocupante nos resulta la respuesta de la delegación territorial de la Consejería, que lejos de aceptar la gravedad de los hechos y compartir la preocupación ciudadana, ha argumentado, con una torpeza inaceptable, que la gestión de este servicio se encuentra externalizada en una empresa privada” y añade, “convendrá con nosotras que, si bien se puede externalizar la gestión, no se puede hace lo mismo con la responsabilidad”.
Entiende la parlamentaria que “el consejero no puede eludir su responsabilidad y no puede hacerlo la gerencia del centro hospitalario de Jerez, porque este protocolo, por mucho que haya una empresa tercera que se encarga del traslado de los residuos, es una obligación exclusiva en su cumplimiento y en garantizar que así es, por parte del Servicio Andaluz de Salud y por parte de sus responsables políticos”.
En este sentido, Nieto afirma que “es necesaria una explicación y una rectificación del servicio público de salud”, así como una investigación para “conocer los pormenores de los hechos que han provocado este despropósito, la pertinente depuración de responsabilidades y la adopción de medidas para evitar que se vuelvan a producir en un futuro”.