CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo el riesgo en los juzgados del Palacio de Marzales en Algeciras

CCOO solicita la intervención de la Inspección de Trabajo por el deterioro del edificio judicial del Palacio de Marzales en Algeciras y alerta de riesgos para trabajadores y usuarios

Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo para reclamar su intervención ante la situación de deterioro que, según el sindicato, afecta al edificio judicial del Palacio de Marzales en Algeciras. La organización sindical advierte de que las condiciones del inmueble suponen un riesgo tanto para los trabajadores de la Administración de Justicia como para los usuarios que acuden a diario a estas dependencias.

La denuncia ha sido registrada por la sección sindical de Justicia de CCOO en la Delegación Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía. El sindicato sostiene que la actividad judicial se desarrolla en un edificio que presenta diversas deficiencias estructurales y de mantenimiento que, a su juicio, comprometen la seguridad y la salud de quienes trabajan o acuden a estas instalaciones.

Desde CCOO recuerdan que ya habían advertido anteriormente de la situación del inmueble. La delegada sindical Clara Leal había alertado de la “nefasta situación” del edificio y había solicitado que el personal desalojado no regresara a estas instalaciones mientras no se garantizasen las condiciones mínimas de seguridad. Sin embargo, tras la decisión de la Junta de Andalucía de retomar la actividad en el edificio, el sindicato ha optado por trasladar el caso a la Inspección de Trabajo.

En el escrito presentado, CCOO sostiene que la Delegación Territorial de Justicia es consciente de los problemas existentes en el inmueble y del riesgo potencial que pueden sufrir tanto los trabajadores como los usuarios que acuden diariamente a los juzgados. Según explica el sindicato, entre semana pueden coincidir en estas dependencias entre 50 y 60 personas, entre personal judicial, profesionales del ámbito jurídico y ciudadanos que asisten a distintos procedimientos.

Entre los antecedentes que recoge la denuncia figura un informe trasladado el 13 de marzo de 2025 a los delegados de Prevención de Riesgos Laborales en el que se documentaba la existencia de diez fisuras detectadas en el edificio, según un informe técnico de la empresa Abrum. CCOO considera que estas grietas evidencian problemas estructurales que deben ser analizados con mayor profundidad.

El sindicato también recuerda que el pasado 4 de febrero el edificio fue cerrado temporalmente debido a las inclemencias meteorológicas para evaluar posibles daños. Durante ese periodo, el personal judicial pasó a trabajar en modalidad de teletrabajo y una decena de trabajadores fue reubicada en el edificio judicial de la Plaza de la Constitución.

Posteriormente, el 24 de febrero se celebró un Comité de Seguridad y Salud Laboral extraordinario. En esa reunión, según CCOO, responsables de la Administración señalaron que se habían adoptado las medidas necesarias y que el edificio no presentaba un peligro estructural que impidiera su utilización para el desarrollo de la actividad judicial.

Sin embargo, el sindicato mantiene que la situación real del inmueble refleja importantes deficiencias. CCOO asegura que en el edificio pueden observarse apuntalamientos en el techo, humedades y presencia de hongos en las paredes, así como olores intensos en algunas salas de vistas. También denuncia problemas relacionados con la seguridad de las instalaciones.

Entre las cuestiones señaladas figura el cierre de una de las puertas de emergencia del edificio. Según el sindicato, esa puerta es utilizada habitualmente para el acceso de personas detenidas que llegan en vehículos policiales y son trasladadas a los calabozos. Debido al cierre de uno de estos espacios, los detenidos estarían accediendo actualmente por la puerta principal del edificio, coincidiendo con el público que acude a los juicios.

CCOO señala además que el pasado 25 de febrero los trabajadores regresaron al edificio de Marzales sin que, a su juicio, se hayan corregido las deficiencias detectadas. Por ello, la organización sindical reclama la intervención de la Inspección de Trabajo para evaluar las condiciones de seguridad del inmueble y determinar las medidas necesarias para garantizar la protección de trabajadores y usuarios.