«La Junta de Andalucía olvida la inclusión y excluye al profesorado sordo de las medidas de adecuación a su puesto de trabajo»
Ante el abandono de este colectivo docente a su suerte, la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT ha presentado en la Inspección de Trabajo una denuncia ante la gravedad y el peligro que supone incomunicar a todo un colectivo e impedir que desarrollen su tarea docente y se puedan comunicar con normalidad en su ámbito laboral ante una situación de crisis sanitaria que supone un agravamiento de su situación.
La Ley de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que tiene por objeto promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y, sobre todo, que vino a velar por la igualdad de oportunidades y la no discriminación, parece haber caído en el olvido para la administración educativa andaluza.
Inclusión solo sobre el papel
La palabra inclusión es repetida en infinitas ocasiones por la clase política de nuestro país, así como el término igualdad, pero desconocen la realidad de la comunidad sorda en el sector de la educación. Lo vemos en la falta de recursos y medios para el alumnado NEAE, y en los propios trabajadores con discapacidad auditiva de la Consejería de Educación.
El marco legislativo vela, en principio, por la igualdad y el acceso a recursos de la comunidad sorda, pero parece que el sistema educativo, o mejor dicho, quienes tienen que dotar de recursos a dicho sistema, a saber, la Consejería de Educación, quiere que las personas sordas recuperen capacidad auditiva mediante implantes cocleares y audífonos en vez garantizar el uso de las lenguas de signos.
En los centros educativos se excluye al alumnado sordo, ya que no se les dota de recursos e intérpretes en Lengua de Signos Española (LSE) suficientes. Se les aboca así a la segregación y la exclusión y se les priva del acceso a una educación equitativa e inclusiva. Este mismo mal afecta a las plantillas, entre quienes la falta de intérpretes imposibilita la comunicación entre alumnado y docentes sordos y entre estos y docentes oyentes.
Se trata de una decisión puramente económica: la externalización y la privatización de un personal tan esencial como los intérpretes LSE ha traído más precarización al dejar la gestión del servicio en manos privadas con concursos bianuales al mejor postor. Lejos queda la ley de apoyo a las personas con sordera, discapacidad auditiva y sordoceguera aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía.
Pandemia y mascarillas
La situación actual de pandemia ha agravado aún más la situación de abandono de la comunidad sorda dependiente de la consejería.
Por un lado, la necesidad de llevar mascarillas en aulas cerradas y masificadas imposibilitan la lectura de labios. ¿Por qué no se garantizan mascarillas transparentes homologadas? Recientemente se ha aprobado por parte del Ministerio de Consumo la orden que regula estas mascarillas para personas con sordera, publicada en el BOE de 12 de febrero de 2021. Si no se ha dispuesto hasta el momento y no sabemos cuándo se podrá disponer de este tipo de mascarillas transparentes, ¿por qué no se cumple con la normativa vigente y se contrata a intérpretes?
Por otro lado, las reuniones entre docentes se realizan actualmente de manera telemática, lo que imposibilita la lectura labial. Y, en caso de que fuesen presenciales, el uso de mascarillas seguiría dificultando la comunicación.
Como vemos, en todos los casos es fundamental contratar a personas que hagan de enlace para garantizar la inclusión, pues el uso de la lengua de signos es una herramienta esencial para facilitar la comunicación, el acceso a la información y el conocimiento.
Sin embargo, la consejería parece no ser consciente de la gravedad de esta situación, que deja a alumnado sordo sin atender y a personas trabajadoras desamparadas.