La Policía Nacional de Algeciras interceptó el vehículo tras una tentativa de huida y arrestó a sus cinco ocupantes por un presunto delito relacionado con el transporte no autorizado de combustible, en el marco de la nueva reforma penal que endurece el petaqueo en la AP-4.
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por petaqueo en la AP-4 después de interceptar una furgoneta que transportaba 3.700 litros de combustible en su interior. Los hechos ocurrieron el 29 de abril, cuando los agentes dieron el alto al vehículo y el conductor hizo caso omiso de las indicaciones policiales e intentó huir.
Según ha informado la Comisaría Provincial de Cádiz, el vehículo fue finalmente interceptado y sus cinco ocupantes trataron de abandonar el lugar a pie. Los agentes procedieron a su detención inmediata.
En la inspección del interior de la furgoneta, que era de alquiler, los policías localizaron 148 garrafas de gasolina con una capacidad aproximada de 25 litros cada una. El total del combustible intervenido asciende a unos 3.700 litros.
La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional de Algeciras en el marco de los controles establecidos para prevenir el denominado “petaqueo”, una práctica vinculada al transporte y almacenamiento irregular de grandes cantidades de combustible.
Este suceso se produce un día después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, que modifica el Código Penal. La reforma introduce un nuevo apartado en el artículo 568 que tipifica como delito la tenencia, depósito, fabricación, tráfico, transporte o suministro no autorizado de sustancias inflamables, entre ellas el combustible líquido.
La nueva regulación contempla penas de prisión de entre tres y cinco años para este tipo de conductas, si bien podrán imponerse penas inferiores en función de la gravedad de los hechos y de las circunstancias personales de los investigados.
La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para el esclarecimiento completo de los hechos y la puesta de los detenidos a disposición judicial.
La intervención se enmarca en los dispositivos de vigilancia en vías de comunicación estratégicas como la AP-4, donde en los últimos años se han intensificado los controles relacionados con el transporte irregular de combustible.
