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Andalucía y más allá

Consumo abre expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por prácticas engañosas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, ha abierto expedientes sancionadores a varias empresas que gestionan viviendas turísticas en diversas comunidades autónomas. Estas empresas están siendo investigadas por prácticas engañosas que podrían estar vulnerando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

El inicio de estos procedimientos de sanción se produce después de una investigación que comenzó en diciembre de 2024. A partir de la recopilación de datos de empresas que comercializan alojamientos turísticos en todo el país, la Dirección General de Consumo constató que estas compañías podrían estar generando «lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios», al ofrecer información falsa o información engañosa que induce a error a los consumidores, como presentar a las empresas como particulares en los anuncios de los alojamientos.

Estas prácticas son consideradas engañosas según el Artículo 5 y el Artículo 27 de la Ley de Competencia Desleal, que prohíben la creación de la falsa impresión de que un empresario no actúa dentro de su actividad profesional. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros, e incluso hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido por cada empresa infractora.

Esta medida se suma a otro expediente sancionador abierto hace dos meses a una plataforma de alquiler de pisos turísticos, en la que se detectaron anuncios considerados publicidad ilícita. La Dirección General de Consumo ha solicitado la retirada inmediata de estos anuncios y ha incoado un expediente debido a la negativa de la plataforma.

La Dirección General de Consumo continúa trabajando en la protección de los derechos de los consumidores y en la lucha contra las prácticas que dificultan el acceso a la vivienda en el país, siendo esta una de las líneas de acción más relevantes en el marco de las políticas de vivienda y derechos sociales.

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