Consumo abre un nuevo expediente sancionador a una inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en el alquiler
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo investiga a una segunda agencia inmobiliaria por posibles cobros ilegales y servicios no solicitados, en el marco de una campaña contra abusos en el mercado del alquiler
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un segundo expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por presuntas prácticas abusivas en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados a inquilinos e inquilinas. Esta nueva actuación se enmarca en la campaña del Ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, para proteger el derecho a una vivienda digna y luchar contra los abusos en el mercado inmobiliario.
La Dirección General de Consumo, encargada de la instrucción del expediente, señala que esta investigación parte de denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas CECU y organizaciones de consumidores como FACUA y OCU, que alertaron sobre cláusulas y condiciones impuestas en contratos de arrendamiento por diferentes agencias inmobiliarias. El procedimiento actual se suma al expediente abierto en marzo a otra empresa del sector por hechos similares.
Entre las posibles infracciones, destaca el traslado a los inquilinos de gastos de gestión inmobiliaria o de formalización de contrato, prohibidos expresamente por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. También se investigan prácticas como la obligación de contratar seguros u otros servicios adicionales no solicitados por el arrendatario.
En caso de confirmarse las irregularidades, el Ministerio advierte que podrían estar calificadas como infracciones graves o muy graves según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las graves pueden acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, ampliables hasta seis veces el beneficio ilícito. Las muy graves, por su parte, pueden suponer multas de hasta un millón de euros, que también podrían incrementarse si se demuestra un lucro desproporcionado.
Además de estas investigaciones sobre alquileres tradicionales, la Dirección General de Consumo mantiene expedientes abiertos en el sector de los pisos turísticos. En este ámbito, se ha actuado contra una conocida plataforma internacional de alquiler vacacional, responsable de mantener más de 65.000 anuncios ilegales, y contra empresas gestoras por ofrecer información engañosa o presentaciones que pueden inducir a error a los consumidores.
Desde el Ministerio, insisten en que estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores en un ámbito tan sensible como el acceso a la vivienda. “La vivienda no es un bien de lujo, sino un derecho fundamental y una necesidad básica que debe estar libre de abusos”, ha señalado la Dirección General de Consumo, que también ha puesto en marcha campañas informativas dirigidas a operadores inmobiliarios sobre las cláusulas abusivas más comunes en los contratos de arrendamiento.
La investigación abierta no prejuzga el resultado final del expediente, pero forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno por reforzar el control sobre las empresas del sector inmobiliario y garantizar que el mercado funcione bajo los principios de legalidad y equidad.
