Consumo regulará la transparencia de los algoritmos que fijan precios y publicidad
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 obligará a las empresas a explicar cómo utilizan los algoritmos para personalizar precios y publicidad. Así lo ha anunciado el ministro Pablo Bustinduy durante el acto «Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital», celebrado con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras.
La nueva regulación exigirá que los parámetros de estos algoritmos sean accesibles y transparentes para los consumidores. Además, se prohibirá que sean discriminatorios o que se aprovechen de situaciones de emergencia o necesidad. También se establecerá que los precios personalizados no podrán modificarse de forma automática durante el proceso de compra, evitando así que los consumidores se sientan presionados a tomar decisiones apresuradas.
El ministerio pretende con esta medida reforzar la protección de los consumidores frente a posibles prácticas engañosas y mejorar la concienciación sobre el uso de los datos personales en el entorno digital. Bustinduy ha subrayado la importancia de garantizar relaciones económicas justas y transparentes, especialmente en las plataformas online donde se utilizan algoritmos para fijar precios de forma dinámica.
Un ejemplo práctico de esta normativa afecta a los servicios de transporte que varían sus tarifas en función de la demanda. Con la nueva regulación, las empresas deberán informar a los usuarios sobre los criterios empleados para determinar el precio, como la distancia, la hora o la frecuencia del trayecto. Además, se prohibirá que factores como la discapacidad del usuario o la baja batería de su móvil influyan en el coste del servicio.
Esta iniciativa continúa la línea de actuación del ministerio, que ya intervino en octubre pasado para evitar subidas abusivas de precios durante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Según Bustinduy, «ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos».
El acto también incluyó una mesa redonda con representantes de la CNMC, Consumo y la asociación Confianza Online, donde se debatió sobre la necesidad de un Pacto de Estado en defensa de los derechos digitales. Ana Caballero, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, abogó por limitar el uso indebido de datos personales y mejorar la supervisión de las plataformas digitales.
La clausura corrió a cargo de Daniel Arribas, director general de Consumo, quien insistió en que todas las empresas del entorno digital deben asumir su responsabilidad en la protección de los consumidores.
