La “lacra intolerable” que suponen las agresiones a estos trabajadores, que aumenta en la provincia, debe solucionarse con más personal y recursos materiales
El sector de Sanidad de CSIF Cádiz reclama a la Administración sanitaria que cumpla sus compromisos y establezca más medidas de protección para el personal de la Sanidad pública, tras conocerse los datos de agresiones a profesionales durante el año 2021. Las cifras alcanzan los niveles de los años anteriores a la pandemia de Covid-19 (en 2020 se registró un leve descenso, al suprimirse mucha asistencia presencial), pero en este año destaca el aumento en las agresiones físicas y no tanto en las agresiones verbales. De las 29 agresiones físicas denunciadas en 2019 en la provincia, se pasó a 13 en 2020, pero en 2021 se alcanzaron las 40. En cuanto a agresiones verbales (amenazas, insultos, etcétera), la cifra se sitúa en 156 durante el año pasado, mientras que fueron 127 en 2020 y 173 en 2019.
Como explica el responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, la Administración sanitaria no solo debe aumentar, en general, todas las plantillas para mejorar la calidad asistencial y así evitar posibles conflictos, sino también aportar más medidas de vigilancia y protección para sus trabajadores. “Hay muchas instalaciones, que por sus características físicas, impiden a los profesionales protegerse o huir en casos extremos”, señala Puyana.
“Estamos ante una lacra intolerable. Es una pena que los aplausos y homenajes al personal sanitario durante la primera ola de la pandemia hayan tornado en continuas faltas de respeto a profesionales que han estado y están en primera línea de la batalla contra el coronavirus y que, como consecuencia de los recortes de personal, soportan turnos extenuantes y no dan abasto”, ha lamentado el responsable sindical, recordando que los trabajadores que dan la cara ante los usuarios no son los culpables de las situaciones que provocan disconformidad en la ciudadanía.
Además, el SAS debe revisar el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del SAS, que entró en vigor en 2020. “Es muy importante que, como establece el plan, se mantengan en todas las provincias las reuniones trimestrales entre la Junta, los interlocutores policiales, los responsables de los centros asistenciales y los asesores jurídicos, pero también pedimos que cuenten con los representantes de los trabajadores para así analizar la problemática desde todas las perspectivas y proponer medidas preventivas eficaces para reducir las agresiones”, ha recalcado Puyana.
El sindicato también aboga por incidir en la colaboración de los trabajadores sociales como “agentes clave para la comunicación con colectivos potencialmente conflictivos en determinadas zonas”. Y asimismo, como lleva reclamando CSIF desde hace años, la Administración debe tomar medidas para endurecer las penas contra los agresores, pues “resulta demasiado barato insultar o pegar a un trabajador en el ejercicio de sus funciones”. Esto, de hecho, conlleva que muchas agresiones y episodios violentos ni siquiera se denuncien formalmente, por lo que a los datos estadísticos siempre van a quedar incompletos y no dan una visión real de lo que sucede en los centros de salud y los hospitales de la provincia.