La organización sindical Autonomía Obrera ha lanzado una acusación grave contra la empresa Martín Casillas, que actualmente gestiona varios servicios municipales en Cádiz, y el Ayuntamiento de Cádiz, por presuntas irregularidades en el proceso de subrogación de personal para la nueva licitación del Servicio de Obras de mantenimiento, reparación y reposición del viario, espacios públicos y edificios municipales.
Según la nota de prensa emitida por Autonomía Obrera, Martín Casillas ha incluido de manera indebida a un apoderado de su estructura empresarial en el listado de personal subrogable. Este apoderado, que ha desempeñado funciones como delegado y representante de la empresa en la provincia de Cádiz, tendría un salario superior a los 60.000 euros anuales. La inclusión de este empleado en el proceso de subrogación, afirman, es una maniobra para trasladar los costes de su salario al Ayuntamiento de Cádiz de manera perpetua.
La nota señala que ya en octubre de 2022, tras una denuncia similar, Martín Casillas había excluido al apoderado del listado de personal subrogable, reconociendo así que no correspondía su inclusión. Sin embargo, la empresa habría aprovechado la inminente salida del nuevo Pliego de Condiciones para reintroducirlo, lo que, según Autonomía Obrera, representa un intento de fraude y una competencia desleal, perjudicando tanto a los trabajadores que sí deben ser subrogados como a los posibles competidores en la licitación.
Autonomía Obrera también denuncia el silencio de los responsables municipales y del concejal del área de Mantenimiento Urbano, señalando que este silencio podría interpretarse como una complicidad en la irregularidad. Además, la organización sindical advierte que esta situación podría provocar despidos de personal que realmente cumple con las funciones específicas de la licitación.
La organización exige que el Ayuntamiento de Cádiz actúe con prontitud para evitar que este tipo de fraudes y falsedades comprometan la integridad del nuevo Pliego de Condiciones, así como para asegurar que la competencia en la licitación sea justa y equitativa, y que los costes no se inflen de manera fraudulenta a expensas del erario público.