El desencuentro entre el Equipo de Gobierno y el colectivo de policías locales cruzó este viernes todos los límites. La acción de protesta, que tuvo como consecuencias el desalojo del edificio de San Juan de Dios, la suspensión del Pleno y, lo más grave, que dos concejalas requirieran asistencia sanitaria pone muy difícil la continuidad de las negociaciones. Ya poco importa si las reivindicaciones son justas o están fuera de lugar, lo cierto es que el Equipo de Gobierno no puede moverse ni un milímetro de sus posiciones tras lo ocurrido el viernes. De otra manera rendirían la ciudad al chantaje de unos pocos.
La Policía Local ha perdido el relato. El tiempo dirá si podrán vencer, pero lo que van a tener más difícil es convencer. No solo por los hechos gravísimos, también por la impunidad con la que han actuado. Si hubiesen sido otros trabajadores los que protagonizaran hechos tan vergonzantes y trastocaran el normal devenir de una institución como el Ayuntamiento de Cádiz, poniendo en riesgo además la seguridad de sus conciudadanos, se habría abierto una investigación que, a buen seguro, habría dado como resultado algunas detenciones. O habría sido disuelta a palos, lo que tampoco sucedió.
Flaco favor le hacen a sus propios compañeros, que probablemente este fin de semana tengan que disolver alguna concentración de jóvenes y no tan jóvenes. Si los que tienen la obligación de imponer el orden fomentan el caos, difícilmente podrán imponer la autoridad que ostentan.
La Policía Local de Cádiz está en la obligación de lavar su imagen, porque la institución lo requiere y porque la ciudadanía los necesita. Por ello, debería ser el propio cuerpo el que depure responsabilidades. Además, las fuerzas sindicales que representan al colectivo deberían reflexionar sobre lo sucedido e incluso plantearse cambiar los interlocutores. La ciudad necesita que este conflicto se solucione cuanto antes pero ante todo necesita mucho más sentirse segura con los que tienen la obligación de proteger a las personas.