El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (Andalucía por Sí), ha considerado «un paso importante» el refuerzo en los juzgados de este municipio con una tercera magistrada anunciado este pasado jueves por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En declaraciones a los medios, Molina ha valorado que con este refuerzo «por lo menos» se podrá «ir quitando asuntos y sobre todo ese apelotamiento que hay en los juzgados de Barbate». No obstante, se ha mostrado partidario de que las causas relacionadas con el narcotráfico «por la envergadura que ellos suponen» se instruyan en la Audiencia Provincial o en la Audiencia Nacional.
Así, el alcalde ha mostrado «contento» con la noticia, recordando que en el Plan de Especial Singularidad aprobado por el Ayuntamiento para este municipio se contempla la creación de un tercer juzgado, algo que «no se ha conseguido como tal» ya que es necesario «el visto bueno» del Ministerio de Justicia para que la Junta de Andalucía «pueda habilitarlo» a pesar, ha dicho, de que el edificio para alojar este nuevo órgano «está construido».
Cabe señalar que este jueves la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado reforzar la jurisdicción penal como medida de apoyo para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Barbate, consistente en la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut.
La medida de apoyo de esta tercera jueza, que cuenta con la preceptiva autorización económica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se acuerda por un plazo de seis meses, renovables desde la incorporación de la comisionada.
El alcalde barbateño ya reclamó «más medios» para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la zona además de en los juzgados de su ciudad después de que el pasado 9 de febrero dos guardias civiles fallecieran al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. La causa se está instruyendo en los juzgados mixtos de este municipio, algo en lo que se mostró en contra, solicitando que este asunto se derivase a la Audiencia Provincial.
Al respecto de todo esto, el alcalde ha apuntado a algunas de las medidas que recoge el Plan de Singularidad planteado al Gobierno, en el que se pide «compensaciones económicas por la ocupación militar» y por la no posibilidad de crecimiento del municipio, el cual está «bastante limitado» debido al 83% de terreno que ocupa el Parque Natural de La Breña y la zona militar existente.
De este modo, se solicita formalmente al Gobierno de España su declaración como Municipio de Especial Singularidad, reclamando con ello el reconocimiento de «la deuda histórica» acumulada de 411.792.273 millones de euros que el Estado mantiene con Barbate cuantificada desde el año 1982 hasta la actualidad.