El Congreso rechaza el decreto de revalorización de pensiones que beneficiaba a 12 millones de personas
El Congreso de los Diputados ha tumbado el Real Decreto-ley 9/2024, conocido como el «decreto ómnibus», que incluía la revalorización de más de 12 millones de pensiones. La medida no obtuvo el respaldo necesario debido al voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts. Este decreto contemplaba una subida del 2,8% en las pensiones contributivas y del 9% en las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, además de mejoras en las pensiones mínimas.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió que esta revalorización, efectiva desde el 1 de enero, era «una cuestión de justicia social» que buscaba reducir la pobreza entre los pensionistas. Según la ministra, desde 2020, las pensiones han experimentado un incremento del 26,6%, lo que ha permitido reducir la tasa de pobreza en un 16,4% y evitar que millones de personas cayeran en la pobreza extrema.
Pese a la decaída del decreto, el Gobierno asegura que las pensiones de enero se abonarán con la subida ya aplicada, garantizando la estabilidad de los pagos.
Aprobado el decreto sobre jubilación flexible y demorada
En contraste, el Congreso sí convalidó el Real Decreto-ley 11/2024, que introduce mejoras en la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Esta norma promueve una transición más progresiva hacia la jubilación, favoreciendo modalidades como la jubilación activa, parcial y demorada.
La ministra Saiz subrayó que esta reforma busca adaptarse a las necesidades individuales de los trabajadores y aprovechar el talento senior, cuyo impacto ha ido en aumento desde 2019, representando ya el 10% de las nuevas jubilaciones.
Entre las novedades destaca la posibilidad de recibir incentivos adicionales por cada seis meses de demora más allá de la edad legal de jubilación. Asimismo, la jubilación activa elimina restricciones previas, facilitando la compatibilidad entre pensión y trabajo para colectivos con carreras de cotización más cortas, como mujeres con interrupciones laborales por cuidados.
Estas reformas, alineadas con las recomendaciones del Pacto de Toledo, buscan acercar la edad efectiva de jubilación a la legal y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.