El déficit de las Administraciones Públicas alcanza el 1,75% del PIB hasta agosto

El déficit de las Administraciones Públicas, sin incluir a las entidades locales, asciende a 31.183 millones, mientras las comunidades autónomas quedan prácticamente en equilibrio y la Seguridad Social eleva su superávit

El déficit de las Administraciones Públicas, excluidas las corporaciones locales, alcanzó los 31.183 millones de euros hasta agosto de 2026, una cifra equivalente al 1,75% del producto interior bruto (PIB). El porcentaje supera ligeramente el 1,72% registrado en el mismo periodo de 2025, según los datos de contabilidad nacional publicados el 30 de octubre por el Ministerio de Hacienda.

El saldo agrupa las cuentas de la Administración Central, las comunidades autónomas y los fondos de la Seguridad Social. Si se descuenta el gasto en intereses, el déficit primario se reduce un 21,4%, desde los 2.666 millones de los ocho primeros meses de 2025 hasta 2.095 millones en el mismo periodo de este año, el 0,12% del PIB.

La Administración Central concentró el desequilibrio, con un déficit de 42.075 millones al cierre de agosto, equivalente al 2,36% del PIB. Dentro de este apartado, el Estado acumuló 41.641 millones, mientras que los organismos de la Administración Central registraron un saldo negativo de 434 millones, frente a los 329 millones del año anterior.

Las comunidades autónomas, por su parte, redujeron su déficit conjunto un 97,6%, desde 970 millones hasta 23 millones. En relación con el PIB, el resultado supone una situación de equilibrio presupuestario, frente al déficit del 0,06% contabilizado en agosto de 2025.

Los ingresos no financieros de las administraciones autonómicas aumentaron un 5,8%, hasta 186.488 millones, mientras que sus gastos crecieron un 5,3% y alcanzaron los 186.511 millones. Los impuestos aportaron 73.915 millones, un 4,5% más, y las transferencias corrientes y de capital recibidas de otras administraciones sumaron 98.314 millones, con un incremento del 8,1%.

Entre los gastos autonómicos, la remuneración de asalariados subió un 7,1%, hasta 76.458 millones. Los consumos intermedios alcanzaron 30.842 millones; el gasto en intereses, 5.313 millones; y la formación bruta de capital fijo, 14.509 millones. Las transferencias sociales en especie ascendieron a 26.633 millones, incluidos 9.856 millones de gasto farmacéutico, 4.889 millones en conciertos sanitarios y 5.983 millones en conciertos educativos.

Los fondos de la Seguridad Social cerraron agosto con un superávit de 10.915 millones, un 46,3% superior a los 7.462 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. El saldo positivo equivale al 0,61% del PIB, frente al 0,44% de agosto de 2025.

Sus recursos no financieros crecieron un 8,7%, hasta 193.933 millones, por encima del incremento del 7% de los gastos, que se situaron en 183.018 millones. Las cotizaciones sociales aportaron 150.710 millones, el 77,7% de los recursos, tras aumentar un 7,2%. Las transferencias procedentes de otras administraciones alcanzaron 41.772 millones.

Dentro de estos fondos, el Sistema de Seguridad Social obtuvo un superávit de 7.584 millones, un 86,7% más que un año antes. El gasto en pensiones contributivas y no contributivas ascendió a 133.386 millones, con un crecimiento del 6,5%, mientras que la pensión media se situó en agosto en 1.373,44 euros, un 4,6% más. El Servicio Público de Empleo Estatal registró un superávit de 3.448 millones y destinó 16.932 millones a prestaciones por desempleo.

Hacienda también difundió el balance del Estado hasta septiembre, que arroja un déficit de 39.034 millones, equivalente al 2,19% del PIB. En los nueve primeros meses de 2025 se situaba en el 1,84%. Según el ministerio, al descontar las medidas extraordinarias vinculadas a la DANA, otros episodios de inundaciones, la guerra de Irán y la crisis migratoria, el porcentaje quedaría en el 1,75%.

Los recursos no financieros del Estado crecieron un 9,3%, hasta 247.062 millones. Los ingresos tributarios alcanzaron 201.754 millones, un 8,4% más, y representaron el 81,7% del total. La recaudación por IVA aumentó un 6,9%, hasta 86.209 millones, mientras que el IRPF aportó 58.223 millones, un 18,1% más. El Impuesto sobre Sociedades recaudó 26.979 millones, con un incremento del 7%.

En sentido contrario, la recaudación del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos cayó un 11,2%, hasta 8.345 millones. El Impuesto Especial sobre la Electricidad descendió un 16,8% y el aplicado al valor de la producción de la energía eléctrica bajó un 36,2%. Hacienda relaciona esta evolución con las reducciones temporales de la tributación energética y la suspensión del ingreso correspondiente al segundo trimestre.

Los empleos no financieros del Estado aumentaron un 11,3% y alcanzaron 286.096 millones. Las transferencias entre administraciones concentraron el 61,6% del gasto, con 176.267 millones. Las comunidades autónomas recibieron 96.431 millones; las administraciones locales, 22.218 millones; y los fondos de la Seguridad Social, 42.803 millones.

Dentro de las transferencias destinadas a las entidades locales, 19.356 millones correspondieron a su participación en los ingresos del Estado. Otros 2.862 millones se distribuyeron al margen del sistema de financiación, de los que 1.824 millones se destinaron a reparar daños causados por fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura.

El Fondo Español de Garantía Agraria recibió además 2.165 millones para compensar pérdidas de renta en explotaciones agrarias afectadas por esos episodios meteorológicos, principalmente en ambas comunidades, y por las medidas adoptadas ante la subida de precios vinculada a la crisis en Oriente Medio.