El déficit de las Administraciones Públicas alcanza el 1,89% del PIB en el primer semestre

El déficit de las Administraciones Públicas, sin incluir las entidades locales, se situó en 33.668 millones de euros; las comunidades autónomas elevaron su saldo negativo y la Seguridad Social aumentó su superávit un 66,5%.

El déficit de las Administraciones Públicas, excluidas las entidades locales, alcanzó los 33.668 millones de euros durante el primer semestre de 2026, una cifra equivalente al 1,89% del producto interior bruto (PIB). La proporción apenas varía respecto al 1,88% registrado en el mismo periodo de 2025, según los datos de ejecución presupuestaria publicados el 11 de septiembre por el Ministerio de Hacienda.

El resultado consolidado reúne las cuentas de la Administración Central, las comunidades autónomas y los Fondos de la Seguridad Social. La Administración Central cerró junio con un déficit de 22.531 millones, el 1,27% del PIB, mientras que las autonomías contabilizaron un saldo negativo de 17.287 millones, equivalente al 0,97%. Estos déficits quedaron parcialmente compensados por el superávit de 6.150 millones de los Fondos de la Seguridad Social.

Las comunidades autónomas aumentaron su déficit un 10,9% en términos absolutos frente a los 15.588 millones registrados hasta junio de 2025. Los gastos no financieros crecieron un 8,1%, hasta 139.307 millones, ligeramente por encima del incremento del 7,8% de los ingresos, que alcanzaron los 122.020 millones.

Entre los recursos autonómicos, los impuestos aportaron 46.113 millones, un 7,4% más, y representaron alrededor del 38% de los ingresos. La recaudación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados avanzó un 8,7%, hasta 7.281 millones, mientras que los impuestos sobre la renta y el patrimonio sumaron 32.378 millones.

Las transferencias corrientes y de capital recibidas por las autonomías desde otras administraciones ascendieron a 65.233 millones, un 9,2% más. De esa cantidad, 55.461 millones procedieron del Estado, incluidos 43.102 millones en entregas a cuenta y 4.414 millones en anticipos de los recursos del sistema de financiación.

En el apartado de gastos autonómicos, la remuneración de asalariados aumentó un 7,9%, hasta 57.979 millones, influida, entre otros factores, por la subida salarial fija del 1,5% establecida para 2026. Los consumos intermedios alcanzaron 23.702 millones y los intereses se situaron en 3.882 millones, con incrementos del 5,7% y del 7,8%, respectivamente.

El gasto autonómico en transferencias sociales en especie creció un 6,6%, hasta 20.177 millones. Dentro de esta partida, el desembolso en farmacia alcanzó 7.341 millones; los conciertos de asistencia sanitaria, 3.697 millones; y los conciertos educativos, 4.753 millones. La inversión de las comunidades autónomas aumentó un 7,2% y llegó a 10.951 millones.

Frente al mayor déficit autonómico, los Fondos de la Seguridad Social elevaron su superávit un 66,5%, desde los 3.693 millones de junio de 2025 hasta 6.150 millones en el mismo mes de 2026. El saldo positivo equivale al 0,35% del PIB y responde a un crecimiento de los ingresos no financieros del 8,1%, superior al 6,4% registrado por los gastos.

Las cotizaciones sociales aportaron 112.151 millones, el 76,8% de los recursos de estos fondos, tras crecer un 7,2%. El Sistema de Seguridad Social, por separado, obtuvo un superávit de 3.137 millones, frente a los 1.273 millones del año anterior. La afiliación media mensual aumentó un 2,8% en comparación con junio de 2025.

El gasto en pensiones contributivas y no contributivas alcanzó los 103.481 millones durante el semestre, un 6,5% más. La pensión media se situó en junio en 1.371,35 euros mensuales, con un incremento interanual del 4,6%. Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal registró un superávit de 3.100 millones y destinó 12.578 millones a prestaciones por desempleo, un 3,6% más.

Hacienda también difundió la ejecución del Estado hasta julio, un periodo distinto al utilizado para calcular el déficit consolidado. Al cierre de ese mes, el Estado presentaba una necesidad de financiación de 44.539 millones, equivalente al 2,5% del PIB. Sin contar los intereses, el déficit primario ascendía a 21.586 millones, el 1,21% del PIB.

Los recursos no financieros del Estado crecieron un 11%, hasta 187.959 millones, y los gastos aumentaron un 11,5%, hasta 232.498 millones. Los impuestos sumaron 151.354 millones, con un avance del 10%, y aportaron el 80,5% de los recursos. La recaudación por IVA aumentó un 5,9%, hasta 64.918 millones; la del IRPF creció un 20,4%, hasta 46.652 millones; y la del impuesto sobre sociedades avanzó un 13,8%, hasta 16.561 millones.

La ejecución de julio incorpora la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación autonómica y local, con un saldo neto de 14.335 millones a favor de ambas administraciones. Las entidades locales recibieron hasta ese mes 16.685 millones del Estado, un 2,7% menos que en 2025. Del total, 14.327 millones correspondieron a su participación en los ingresos estatales.

Las transferencias a los ayuntamientos y demás entidades locales realizadas al margen del sistema de financiación alcanzaron 2.358 millones. Dentro de esta cantidad se incluyen 1.422 millones destinados a reparar daños provocados por fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura.