El Gobierno amplía la protección de las familias monomarentales con un título estatal y nuevas ayudas

La protección de las familias monomarentales incluye beneficios en empleo, becas, transporte y servicios públicos, mientras que los hogares con dos hijos se equipararán a los numerosos

El Consejo de Ministros ha aprobado este 10 de noviembre dos reales decretos ley que amplían la protección de las familias monomarentales, numerosas con menores ingresos y con personas con discapacidad, además de introducir cambios en el sistema de dependencia. El Gobierno cifra en 824 millones de euros la dotación de las medidas familiares y calcula que beneficiarán a más de 760.000 hogares, integrados por más de tres millones de personas.

Una de las principales novedades es la creación de un título oficial de ámbito estatal para las familias monomarentales, comparable al que ya existe para las numerosas. La nueva categoría incluirá tanto a los hogares con un único progenitor como a aquellos en los que solo uno de los dos ejerza de hecho la guarda de los menores, entre ellos determinados casos de violencia de género o ausencias prolongadas.

El título permitirá acceder a medidas específicas en las políticas activas de empleo y en la concesión de ayudas y becas. También contempla exenciones y bonificaciones en tasas o precios públicos relacionados con el transporte y con el acceso a servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio.

Las familias monomarentales con dos o más hijos quedarán equiparadas en derechos a las familias numerosas. Entre los beneficios recogidos figura una deducción anual de 1.200 euros. El Ejecutivo estima que el conjunto de cambios destinado a estos hogares alcanzará a más de 300.000 familias y unas 900.000 personas.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, señaló tras la reunión del Consejo de Ministros que el 80% de los hogares con un solo progenitor están encabezados por mujeres y que más de la mitad se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. El decreto pretende reconocer también el trabajo de cuidados, desempeñado tradicionalmente por mujeres en el ámbito doméstico, según expuso el ministro.

La norma modifica igualmente los requisitos de acceso a la categoría especial de familia numerosa. Esta consideración se aplicará a partir de cuatro hijos, frente a los cinco exigidos hasta ahora. También podrán obtenerla las familias con tres hijos cuando al menos dos procedan de un mismo parto, adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción.

La categoría especial se extenderá además a las familias con tres hijos que tengan unos ingresos inferiores a 63.000 euros anuales. Los cálculos del Gobierno sitúan en más de 330.000 los hogares que podrán beneficiarse de estas modificaciones.

En el ámbito de la discapacidad, se equipararán a las familias numerosas los hogares con dos o más hijos en los que uno de los progenitores tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. El decreto incorpora también una protección reforzada frente al impago de alimentos. Más de 100.000 familias se verían alcanzadas por estas disposiciones, según las previsiones del Ejecutivo.

El segundo real decreto ley aprobado reforma distintos aspectos del sistema de atención a la dependencia. La Administración General del Estado prevé aportar 7.240 millones de euros en 2027, una cantidad equivalente al 50% del coste total del sistema, de acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Derechos Sociales.

La teleasistencia pasará a tener carácter universal e incorporará tecnología orientada a prevenir y detectar situaciones de soledad involuntaria, aislamiento o riesgo social. La ayuda a domicilio podrá prestarse también fuera de la vivienda y la regulación diferenciará entre los apoyos personales y las tareas domésticas.

Las prestaciones podrán compartirse entre varias personas usuarias, una posibilidad dirigida especialmente a quienes viven en zonas rurales o en un mismo edificio. El decreto refuerza asimismo la compatibilidad entre prestaciones para configurar servicios adaptados a las necesidades de cada beneficiario.

Otro de los cambios afecta al tiempo de tramitación. El plazo legal para resolver las solicitudes de prestaciones de dependencia se reducirá de seis a tres meses. Bustinduy cifró las listas de espera en 123.474 personas, unas 81.000 menos que en diciembre de 2023, y mantuvo el objetivo gubernamental de eliminarlas a finales de 2027.

El Consejo de Ministros aprobó además medidas de seguridad ferroviaria, entre ellas una definición más precisa de las actividades que computan como tiempo de conducción de los maquinistas y la extensión de los coeficientes reductores de la edad de jubilación a trabajadores de empresas que operan en líneas interoperables y en la Red Ferroviaria de Interés General.

La reunión acordó también crear la figura permanente del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, integrada en el Ministerio de Transportes y con rango de Subsecretaría. Este órgano coordinará la asistencia, informará sobre derechos y ayudas y actuará como interlocutor ante las administraciones en accidentes ferroviarios, aéreos, marítimos y de autobús de competencia estatal.