El Gobierno amplía la protección social a las familias y facilita la conciliación

La futura Ley de Familias crea nuevos permisos para conciliación y cuidados y extiende a otros supuestos la protección de las familias numerosas. El Ejecutivo también ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para favorecer un sistema de transporte accesible, limpio, innovador y digitalizado.

La ministra y portavoz, Isabel Rodríguez, y las ministras Raquel Sánchez, e Ione Belarra, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros
La ministra y portavoz, Isabel Rodríguez, y las ministras Raquel Sánchez, e Ione Belarra, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Familias, basado en cuatro pilares: la ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; la garantía del derecho a la conciliación; el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia, y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmado que, con esta norma, el gobierno cumple con la ciudadanía y con todas las familias, ya que da respuesta «a problemas centrales de la vida cotidiana de millones de personas en nuestro país».

Belarra ha considerado sumamente difícil a día de hoy, en España, la conciliación de la vida laboral y personal de los padres y las madres, que demasiado a menudo depende de escuelas, actividades extraescolares y de la ayuda de los abuelos y las abuelas. También, ha resaltado, existe una necesidad de refuerzo en el apoyo a la crianza, ya que las encuestas revelan que las mujeres jóvenes en España querrían tener más hijos pero no lo hacen porque no se lo pueden permitir. Y una tercera asignatura pendiente es el reconocimiento jurídico de «las distintas formas de ser familia» para que todas estén equiparadas en derechos y protegidas de igual modo por la legislación.

Protección social de las familias y apoyo a la crianza

Entre las medidas recogidas en el anteproyecto figura la extensión de la renta crianza de 100 euros al mes a un mayor número de familias con hijos e hijas de 0 a 3 años. Podrán ser beneficiarias, entre otras, las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no, y las que tengan un empleo a tiempo parcial o temporal. «Según nuestros cálculos esta medida va a beneficiar a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres con lo cual, prácticamente estamos llegando al objetivo último de universalización de esta renta», ha destacado Ione Belarra.

La protección de la que se benefician las familias numerosas se amplía a otras como las monoparentales y monomarentales con dos hijos o más. Algunas de estas medidas tienen que ver con el ámbito educativo -facilidades para recibir una beca o la reducción o exención de tasas y precios públicos- y con los transportes públicos, con bonificaciones que van del 20 al 50%.

Tendrán derecho a estos mismos beneficios aquellas familias que temporalmente se encuentren en situación de monoparentalidad o monomarentalidad porque uno de los dos progenitores esté ingresado durante más de un año o permanezca en prisión, o porque la guardia y custodia la tenga solo uno de ellos.

La ministra ha hecho hincapié en que la ley reconoce el derecho subjetivo al acceso universal a la atención temprana gratuita y de calidad. Así, ha anunciado, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas desarrollarán un marco estatal de apoyo a los primeros 1.000 días «para igualar las oportunidades en un momento clave para los niños y niñas como es el periodo de 0 a 3 años».

Nuevos permisos para conciliación y cuidados

La norma crea tres permisos de cuidados: uno de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o a un conviviente, con o sin relación de parentesco; un permiso parental de ocho semanas, que podrán disfrutarse de manera continua o discontinua y a tiempo parcial o completo, hasta que el menor cumpla 8 años, y un permiso por ausencia por fuerza mayor familiar que será de 4 días retribuidos al año.

El permiso parental se aplicará de manera progresiva y así, en el año 2023 será de seis semanas y de ocho semanas en 2024. Belarra ha señalado que será de ayuda para las familias por ejemplo en periodos no lectivos o durante la adaptación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia

La ley sigue la línea ya marcada por el Gobierno de equiparar los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho. El año pasado se reformó la pensión de viudedad para incluir a las parejas de hecho y ahora estas podrán también disfrutar de 15 días de permiso cuando se constituyan.

Por otro lado, la ley generará un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, para las que tengan algún miembro con discapacidad, y para las múltiples, adoptivas o acogedoras.

Protección de los derechos de la infancia y la adolescencia

La ministra ha asegurado que la nueva ley protegerá el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la información y a la participación en actividades sobre diversidad familiar en el marco educativo, lo que impedirá la aplicación del denominado ‘pin parental’ u otro mecanismo similar y garantizará su libre desarrollo de la personalidad.

Ley de Movilidad Sostenible

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria por vía de urgencia. El objetivo es que pueda entrar en vigor el próximo año, cumpliendo así uno de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez ha destacado la importancia del sector del transporte como servicio indispensable para la sociedad -tanto el de viajeros como el de mercancías-, como motor económico -4,5% del PIB y más de 800.000 empleos- y por su papel en la lucha contra el cambio climático, ya que actualmente genera el 27% de las emisiones de efecto invernadero, cinco puntos más que el resto de países de la Unión Europea.

Derecho a la movilidad accesible e inclusiva

La norma reconoce, por primera vez, que la movilidad es un derecho de toda la ciudadanía y que debe ser accesible e inclusiva: «Debe dar respuesta a la mayor concentración de la población en las grandes urbes y en las áreas periféricas, y a las necesidades de movilidad de las áreas rurales y las pequeñas ciudades, que además tienen que enfrentarse a grandes problemas como es la despoblación y el envejecimiento», ha afirmado Raquel Sánchez.

Uno de los primeros objetivos, recogido en la ley, será la reordenación del transporte regular de viajeros por carretera con un nuevo mapa concesional. Aunque de competencia estatal, la ministra ha destacado que será «un trabajo conjunto con las comunidades y los ayuntamientos para la mejora del servicio en todos los territorios».

Precisamente la coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales se verá intensificada gracias a la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que también incluirá un órgano de participación de la sociedad civil.

Para avanzar en la descarbonización del transporte, la norma establece algunas medidas obligatorias, como que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se doten de planes de movilidad urbana sostenible simplificados, y otras voluntarias, como una tasa para la circulación de determinados vehículos en las Zonas de Bajas Emisiones.

Finalmente, se refleja en la ley la necesidad de mejorar la calidad en las decisiones de inversión y gasto públicos en infraestructuras para intentar reducir las ineficiencias en la gestión, que la ministra ha cifrado en 8.000 millones de euros en una década, y se promociona la digitalización, el uso de datos abiertos y la innovación.

Reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana

El Ejecutivo ha aprobado el anteproyecto de Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dando así apertura al trámite de audiencia e información pública.

En la norma actual, los Planes de ordenación urbanística se consideran reglamentos, por lo que cualquier defecto, ya sea material o puramente formal, tiene como consecuencia su nulidad de pleno derecho, sin posibilidad alguna de subsanación. Dicha decisión, a su vez, ha provocado en numerosos casos la nulidad en cascada de todo lo aprobado, ya fueran planes parciales y especiales, reparcelaciones o licencias, lo que ha generado una enorme inseguridad jurídica y enormes perjuicios sociales y económicos.

La ministra Raquel Sánchez ha explicado que el objetivo principal de esta modificación es evitar que esta situación siga repitiéndose por defectos menores que son fácilmente subsanables. Para ello, la nueva ley plantea la posibilidad de subsanación de los mismos y se facilita a los ayuntamientos afrontar una modificación de un planeamiento, al reducirse el riesgo de que se declare nulo.

La reforma de la ley incluirá, por otro lado, modificaciones para simplificar la burocracia y mejorar la tramitación de las autorizaciones de obras de rehabilitación que tienen que impulsar las Comunidades y Ciudades Autónomas y los Ayuntamientos.

Difusión del programa ‘Kit digital’

El Gobierno ha regulado la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa ‘Kit Digital’ a asociaciones de autónomos y empresarios para la realización de actuaciones de difusión y acompañamiento entre los colectivos de autónomos, jóvenes empresarios y agricultores y ganaderos.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la iniciativa del ‘Kit Digital’ es una de las más aceptadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que ahora se amplía a esta colaboración con asociaciones.

Hasta la fecha se han puesto a disposición de pymes y autónomos 3.000 millones de euros de fondos europeos, de los que más de la mitad ya se han ejecutado: «Concretamente, más de 62.000 pymes ya tienen su bono de digitalización, con el consiguiente empleo que se está generando en todo el territorio».

Informes sobre la Administración General del Estado

El Consejo de Ministros ha analizado dos informes relativos a la Administración General del Estado (AGE) realizados por el Ministerio de Política Territorial en cumplimiento de la normativa sobre el régimen jurídico del sector público estatal.

El primero hace referencia a la actividad, en 2021, de los órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado con representantes de las Administraciones de las Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales. Ese año se celebraron dos Conferencias de Presidentes y 175 Conferencias Sectoriales frente a las 59 realizadas en 2017.

La ministra de Política Territorial ha afirmado que «el diálogo y la cogobernanza son señas de identidad del Gobierno» y ha agradecido a todos los ministerios su implicación en esta labor de cooperación.

El segundo informe, sobre la presencia de la Administración General del Estado en el Territorio en 2021, arroja como dato relevante que los 70 puntos de atención ciudadana, entre oficinas de extranjería y sedes delegadas, atendieron 2.693.560 consultas. Por su parte, las Unidades de Coordinación y Violencia sobre la Mujer en las Delegaciones del Gobierno han trabajado sobre más de 70.000 fichas de seguimiento de situaciones de violencia de género, o de casos de riesgo de especial vulnerabilidad.

La ministra ha agradecido el trabajo de los cerca de 6.000 efectivos de la AGE en el territorio que estaban en activo ese año y ha asegurado que el Ejecutivo está esforzándose por reforzar las plantillas, ya que entre 2010 y 2020 hubo una reducción de personal del 28%.

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