El Gobierno aprueba el proyecto de ley contra la violencia vicaria con retirada automática de la patria potestad

El proyecto de ley contra la violencia vicaria, remitido a las Cortes, contempla la privación automática de la patria potestad en casos de condena firme por delitos graves contra la madre o los hijos y la suspensión del régimen de visitas cuando haya indicios de violencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley contra la violencia vicaria, una norma que introduce cambios en el Código Penal y en el Código Civil para reforzar la protección de los menores y de las mujeres víctimas de violencia de género. El texto será remitido ahora a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.

La principal novedad es la privación automática de la patria potestad cuando exista sentencia firme por delitos graves cometidos contra la madre o los hijos. Según explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la recuperación solo será posible en caso de cancelación completa de los antecedentes penales.

El proyecto también prevé la suspensión de la guardia y custodia y del régimen de visitas cuando haya un procedimiento en curso por violencia de género o violencia vicaria, o existan indicios racionales de que se está produciendo. Además, establece la obligación de escuchar a los menores antes de fijar estas medidas, salvo que resulte inviable o contrario a su interés.

La norma define la violencia vicaria como aquella que se ejerce contra la mujer por su pareja o expareja a través de una persona interpuesta. Amplía el ámbito de protección no solo a hijos e hijas, sino también a otros descendientes, personas mayores de edad sujetas a guarda o custodia, así como a familiares directos y a la actual pareja de la víctima.

En el ámbito penal, el texto modifica el Código Penal para incluir la violencia vicaria dentro de la agravante por razones de género. También incorpora una pena accesoria que permitirá prohibir la difusión o publicación de contenidos relacionados directamente con los hechos delictivos.

La iniciativa modifica una decena de normas, entre ellas la Ley Integral contra la Violencia de Género, con el objetivo de adaptar distintos ámbitos legislativos a esta tipología de violencia. El texto incluye además medidas de formación específica para jueces, fiscales y magistrados, tanto en el acceso a la carrera judicial como en los ascensos, así como acciones de sensibilización.

Entre otras disposiciones, la ley contempla la posibilidad de cambiar los apellidos de las víctimas y garantiza que el agresor no pueda beneficiarse de prestaciones sociales que provengan de la víctima.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad recordó que desde 2013 han sido asesinados 68 menores por violencia vicaria, tres de ellos en lo que va de año. La norma, según indicó, da cumplimiento a medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En la misma sesión, el Gobierno aprobó también la transferencia de 904 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar el sistema de atención a la dependencia. Estos fondos estarán condicionados al cumplimiento de criterios como la reducción de listas de espera y la mejora de las condiciones laborales en el sector.

El Consejo de Ministros dio luz verde además al proyecto de ley para la digitalización y modernización del sector financiero, que adapta la legislación española al marco europeo en materia de criptoactivos, ciberseguridad y sistemas de pago.

Por otro lado, el Ejecutivo aprobó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, así como una partida de 60 millones de euros en ayudas directas para municipios afectados por la DANA, destinadas a actuaciones de adaptación frente al riesgo de inundaciones.

El proyecto de ley contra la violencia vicaria inicia ahora su recorrido parlamentario, donde los grupos deberán debatir y, en su caso, introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva.