En un esfuerzo por fortalecer la protección laboral de las personas con discapacidad, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, han firmado un acuerdo que derogará el despido automático por incapacidad permanente según lo estipulado en el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores.
Este acuerdo, suscrito hoy, se suma a otros logros alcanzados en materia de incentivos y al trabajo conjunto en la elaboración del Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad. Además, se han adoptado medidas para favorecer la contratación de personas con capacidad intelectual límite.
El texto refleja el compromiso del Gobierno «con la defensa y desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de las desigualdades y la discriminación y su integración real en todos los ámbitos de la sociedad».
La derogación de esta causa de extinción automática de la relación laboral marca un hito en la búsqueda de la igualdad y la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, iniciada en la pasada legislatura con la derogación de disposiciones como el 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido con bajas médicas.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, en colaboración con el CERMI, trabaja para hacer efectivo el derecho a la igualdad en el ámbito laboral de las personas con discapacidad. Esto se ha reflejado en iniciativas como el acuerdo sobre incentivos a la contratación, que ha dotado de una bonificación de 1.774 millones de euros a la contratación de personas con discapacidad.
La reforma del artículo 49 de la Constitución Española, realizada recientemente, refuerza el compromiso de los poderes públicos en garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad.
La vicepresidenta segunda destacó la importancia de esta reforma, señalando que «una palabra puede determinar un cambio de época en la percepción de la igualdad, en el reconocimiento de los derechos».
En cuanto al panorama laboral, se observa un avance en la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral, con un incremento del 70% en el número de trabajadores desde 2014. Sin embargo, persiste la brecha de género en la afiliación, siendo un área de mejora identificada por el Gobierno para promover una mayor inclusión laboral.