El Ejecutivo impulsa una reforma legal para unificar criterios y mejorar la gestión directa pública de los servicios sanitarios y sociosanitarios. Además, aprueba la modificación del impuesto de plusvalía para que los ciudadanos no tengan que pagarlo cuando la compraventa que realicen no genere beneficios.
El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado que la iniciativa, que conlleva la reforma de varias leyes del ámbito sanitario, permitirá el fortalecimiento del SNS y la mejora y ampliación de los derechos de la ciudadanía con medidas que, por un lado, «minoran las desigualdades en salud, para no dejar a nadie atrás, y por otro, refuerzan estructuralmente la cooperación entre las distintas estructuras sanitarias, educativas o sociales».
Darias ha señalado que la nueva ley es uno de los objetivos de la renovación y ampliación de capacidades del SNS recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye doce de las propuestas del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción social y económica aprobado en el Congreso de los Diputados y responde a los compromisos de investidura y del pacto de gobierno.
Objetivos específicos
La norma establece la gestión directa pública de los servicios sanitarios y sociosanitarios como fórmula preferente en el SNS y recupera la cartera común de servicios única, ahora dividida en cartera común básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios.
Asimismo, se incluyen las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios. Actualmente la cartera suplementaria incluye como prestaciones sujetas a copago las farmacéuticas, ortoprotésicas, dietoterápicas y el transporte sanitario no urgente.
Darias ha reafirmado el compromiso del Gobierno para eliminar progresivamente los copagos y ha recordado que la Ley de presupuestos generales de 2021 ya exime a los colectivos más vulnerables, como las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), los pensionistas con rentas bajas, los menores con discapacidad reconocida y las personas de renta por hijo a cargo. Con la nueva norma, estos colectivos también quedarán exentos del copago ortoprotésico.
Otro aspecto subrayado por la ministra ha sido la garantía del derecho a la protección de la salud, con cargo a los fondos públicos, para las personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español y sus familiares, así como para las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. Darias ha explicado que estas últimas recuperaron el derecho en 2018, pero que no ha habido una aplicación homogénea y es necesario establecerla para todo el territorio.
Respecto a los pacientes con déficit funcional, la ley también clarifica que su rehabilitación sea la encaminada a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible al paciente, con el fin de mantener la máxima autonomía de este último y reintegrarlo en su medio habitual.
Finalmente, la ministra de Sanidad ha destacado el objetivo de contribuir al aumento de la participación social y de las organizaciones de pacientes en los órganos de asesoramiento del Consejo Interterritorial del SNS.
Modificación del impuesto de plusvalía
El Gobierno ha aprobado, a través de un Real Decreto-ley, la modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, tras la sentencia del pasado 26 de octubre del Tribunal Constitucional que admitió como válido el método objetivo de cálculo de la base imponible siempre y cuando no fuera obligatorio y reflejara la realidad del mercado inmobiliario.
A partir de ahora, la determinación de la base imponible podrá ser elegida por el contribuyente entre la multiplicación del valor catastral por unos coeficientes previamente establecidos -sistema objetivo- o la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición de un terreno. Los Ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma para adaptarse a la misma.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que esta reforma permitirá que los ayuntamientos no tengan que recortar sus servicios, al tener garantizada la financiación a través de este tributo -en 2019 recaudaron 2.500 millones de euros-, y que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando la compraventa que realicen no genere beneficios: «No tendrán que pagar ni un solo euro cuando por la compraventa de su casa no hayan ganado dinero».