El Gobierno y la Iglesia acuerdan un sistema mixto de reparación para víctimas de abusos sexuales ya prescritos

El mecanismo prevé reparaciones económicas y no económicas sufragadas por la Iglesia y con intervención del Defensor del Pueblo

El Gobierno y la Iglesia católica han alcanzado un acuerdo para establecer un mecanismo de reparación integral destinado a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia en aquellos casos en los que ya no es posible la vía judicial. El sistema estará orientado a hechos prescritos o cuyos responsables hayan fallecido y combinará participación estatal, eclesial y de las víctimas.

El acuerdo prevé la creación de un sistema mixto de reconocimiento y reparación en el que el Estado actuará como garante procedimental, mientras que la Iglesia será responsable de sufragar las reparaciones, que podrán ser económicas o de otra naturaleza. El Defensor del Pueblo asumirá la función de analizar individualmente cada caso y formular propuestas de resolución.

El documento ha sido firmado en el Palacio de Parcent por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. En el plazo de un mes está prevista la firma de un convenio de colaboración entre las partes involucradas para regular el funcionamiento concreto del sistema.

El mecanismo contempla que las víctimas presenten sus solicitudes ante una unidad de tramitación dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta unidad actuará como canal de recepción y comunicación entre las partes implicadas. Los casos se trasladarán posteriormente a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que evaluará cada expediente y emitirá una propuesta de resolución atendiendo a la solicitud de la víctima y a la naturaleza del daño sufrido.

Las reparaciones podrán incluir medidas de carácter restaurativo, simbólico, espiritual o económico. Una vez emitida la propuesta, será analizada por una comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos. Si existe acuerdo entre esta comisión y la víctima, la resolución será definitiva. En los casos de desacuerdo se convocará una comisión mixta con presencia de representantes de las asociaciones de víctimas para intentar alcanzar consenso. En última instancia, la resolución definitiva corresponderá al Defensor del Pueblo.

El plazo para presentar solicitudes será de un año desde la firma del convenio, prorrogable por otro año adicional. El Gobierno promoverá modificaciones normativas para aplicar exenciones fiscales a las reparaciones que sean concedidas.

El acuerdo establece que la Iglesia deberá ejecutar las medidas reparadoras reconocidas. Si la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no pudiera asumirlas, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

El sistema se enmarca en las recomendaciones del informe sobre abusos sexuales en la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo. En abril de 2024 el Consejo de Ministros aprobó el plan para su implementación y desde entonces se han mantenido negociaciones con la Iglesia para habilitar un mecanismo de reparación en los casos no judicializables.

El acuerdo constituye el primer marco formal entre Iglesia y Estado en España orientado a la reparación de las víctimas de abusos sexuales sin cobertura penal. La reparación judicial seguirá siendo la vía para los casos no prescritos.

Según el Gobierno, la finalidad del mecanismo es aportar reconocimiento oficial a las víctimas, articular medidas de reparación y evitar que la prescripción penal o la muerte del autor impidan ese proceso. La participación de las asociaciones de víctimas en la comisión mixta introduce un elemento de control y legitimación para el colectivo afectado.

El Gobierno ha señalado que el nuevo sistema no afecta a la responsabilidad de la Iglesia respecto a la investigación de los hechos ni a la colaboración con la justicia cuando puedan existir procedimientos pendientes. Tampoco sustituye a las eventuales responsabilidades civiles o penales derivadas en los casos no prescritos.

Las asociaciones de víctimas han reivindicado durante años un modelo de reconocimiento y reparación que no dependiera exclusivamente de los procedimientos internos de la Iglesia o de litigios judiciales. El acuerdo alcanzado aborda una de las cuestiones que hasta ahora carecía de mecanismo específico en el ordenamiento español: la reparación en situaciones en las que el daño está acreditado pero la vía judicial no es posible.