En España también se produjo el fenómeno de la destrucción de máquinas e incendios de fábricas –ludismo- en los albores del proceso de industrialización, como un método de lucha contra el paro y la bajada de salarios que la introducción de la tecnología ocasionaba, y que fue bastante común en toda Europa, aunque más intenso en Gran Bretaña. Eric Hobsbawm denominó a esta etapa la de la “negociación colectiva a través del motín”.
Las primeras manifestaciones de ludismo en España tuvieron lugar en Alcoy en el mes de marzo de 1821, en pleno Trienio Liberal. Los tejedores ocuparon la ciudad y una multitud destruyó muchas máquinas, exigiendo al Ayuntamiento que se desmontasen las que restaban. Estos hechos provocaron la intervención del ejército. Las Cortes tomaron la decisión de indemnizar a los fabricantes. Las autoridades quisieron ver la mano de la reacción absolutista detrás de esta violencia pero, en realidad, fue el primer episodio de odio hacia una tecnología que podía afectar al salario y al empleo. El siguiente episodio tuvo lugar en Camprodón, al destruirse máquinas de hilar y cardar. Se detuvo a algunos de los responsables y cuatro de ellos fueron juzgados. También se dieron sucesos semejantes en Segovia y otras localidades.
Ante esta sucesión de acontecimientos y para evitar su reproducción se dictó la Real Orden de 24 de junio de 1824, ya restaurado el absolutismo fernandino y que fue obra del ministro Luis López Ballesteros. La disposición establecía tres medidas. La primera de ellas podría ser calificada de pedagógica, ya que ordenaba a las autoridades locales, religiosas y militares de los distintos lugares que instruyesen a los parados sobre los beneficios que proporcionaba la introducción de la tecnología. La segunda medida era claramente punitiva porque advertía que si se repetían los desórdenes se abrirían procesos judiciales y se dictarían severas penas. Por fin, la tercera medida tenía un componente social. Había que procurar emplear a los parados en caminos, obras públicas y trabajos comunitarios.
Pero la Real Orden no frenó los incidentes. En aquel momento el problema tenía que ver con la cuestión del alargamiento de las piezas textiles. La introducción de la maquinaria permitía producir más piezas en menos tiempo. Los patronos pretendían que se aumentase el largo de las piezas y, de ese modo, pagar menos salario, ya que éste se abonaba por pieza, además de poder despedir a una parte de los trabajadores. Por eso el ludismo o antimaquinismo prendió tanto entre los obreros que seguían teniendo trabajo como entre los que se quedaban sin él. Ante el aumento de los conflictos a finales de finales de los años veinte en Barcelona, las autoridades obligaron a imponer a los fabricantes un límite para el largo de las piezas. Esto ocurría en 1827, pero los patronos no hicieron mucho caso a esta disposición. Los tejedores protestaron y la Comisión de Fábricas no atendió las demandas. Al final, en 1831 la autoridad intervino para intentar evitar los conflictos e impuso un máximo para el largo de las piezas.
Pero la medida del límite del largo tampoco frenó la conflictividad social, especialmente en Barcelona. En 1834, los obreros protestaron ante el capitán general por la bajada de los salarios y los despidos. Los patronos contestaron –Comisión de Fábricas- que no estaban bajando los salarios y acusaron a los obreros de holgazanería. Las quejas continuaron al año siguiente.
En 1835 se produjo uno de los hechos más conocidos de este fenómeno de destrucción de máquinas, aunque debe ser enmarcado en un contexto más amplio de fuerte agitación social y política, con el gobierno de Toreno y la Milicia Nacional enfrentados, en pleno auge de la guerra carlista y con la primera quema de conventos de la Historia contemporánea española. Nos referimos al incendio de la fábrica “El Vapor” de Bonaplata y Cía, el día 5 agosto. En los días sucesivos fueron ejecutados cuatro de los responsables y encarcelados otros muchos. Es curioso comprobar que la prensa de Barcelona se lanzó contra estos hechos y no tanto contra la quema de conventos. Muchos empresarios se asustaron y no instalaron las máquinas que habían comprado, aunque muchos otros decidieron aumentar de nuevo la longitud de las piezas. El jefe político (gobernador) de Barcelona dictó un Bando obligando a los fabricantes a cumplir lo que se había establecido sobre el largo de las piezas textiles en el año 1831, pero dejó muy claro que se arrestaría a los obreros que se moviesen bajo el pretexto de que el fabricante no cumplía lo estipulado. Además se creó una Comisión mixta que debía inspeccionar las fábricas y con el fin de resolver los conflictos laborales. Pero en junio de 1836 los obreros de Sabadell intentaron destruir máquinas. En estos momentos comenzó a superarse esta etapa del movimiento obrero español porque empezó a tenerse conciencia de la importancia de luchar por el reconocimiento del derecho de asociación, aunque siguió habiendo algunos episodios de ludismo, posteriormente.