Las empleadas reclamaron la municipalización del servicio y denunciaron los incumplimientos de la empresa Óbolo, en una sesión tensa que se reanudó solo con los concejales del Partido Popular.
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz quedó interrumpido durante más de una hora este jueves tras la protesta de las trabajadoras del servicio municipal de Ayuda a Domicilio, que irrumpieron en el Salón de Plenos para reclamar la municipalización del servicio y denunciar los incumplimientos laborales de la empresa concesionaria Óbolo, adjudicataria desde el pasado mes de agosto.
Las empleadas aseguran que la empresa acumula impagos, errores en nóminas y atrasos en los complementos acordados, lo que ha provocado un nuevo episodio de tensión en el Ayuntamiento, similar al ocurrido en el pleno de septiembre. A la protesta se sumaron también trabajadores de Emasa, cuyo convenio colectivo continúa bloqueado.
El incidente comenzó poco antes de las 10:30 horas, durante el debate del quinto punto del orden del día —la revisión de seis autobuses urbanos—. Las manifestantes, con pancartas y consignas como “Municipalización” o “¿No te da vergüenza, alcalde?”, interrumpieron la sesión, que quedó paralizada durante más de una hora.
A las 11:30, las trabajadoras animaron a los grupos de la oposición a abandonar el pleno, gesto que fue secundado por los concejales del PSOE y de Adelante Izquierda Gaditana, que se marcharon del salón entre aplausos de las manifestantes y de los empleados de Emasa.
Tras la salida de la oposición, el alcalde, Bruno García (PP), decidió continuar la sesión junto a los concejales de su grupo, tras consultar con el secretario municipal. Los grupos de la oposición retiraron sus mociones, y el equipo de gobierno hizo lo propio con las suyas de contenido político, quedando únicamente los puntos técnicos en el orden del día.
En solitario, el Partido Popular aprobó la revisión de oficio del suministro de seis autobuses urbanos y la concertación de un préstamo de 19,7 millones de euros destinado a inversiones municipales. El Plan de Reforma Interior de Zona Franca ya había sido aprobado previamente por unanimidad antes del inicio de la protesta.
El pleno finalizó antes de las 12:15 horas, tras casi dos horas de tensión y con el abandono completo de la oposición.
Desde el PSOE se acusó al alcalde de “caos y falta de gestión” por su “incapacidad para dar respuesta a un conflicto que afecta a cientos de familias gaditanas”. Adelante Izquierda Gaditana, por su parte, calificó el desarrollo de la sesión como “una muestra de la desconexión del equipo de gobierno con la realidad laboral y social de Cádiz”.
Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio advirtieron que, si no se soluciona la situación, convocarán huelga y encierros en los próximos días. La empresa Óbolo tiene hasta el 3 de noviembre para responder a los requerimientos del Ayuntamiento sobre posibles incumplimientos en los pagos y recursos materiales.
Reacción del alcalde
Tras el pleno, el alcalde de Cádiz, Bruno García, defendió la gestión municipal y aseguró que el Ayuntamiento “ha cumplido con su parte del acuerdo del Sercla y seguirá exigiendo a la empresa concesionaria el cumplimiento íntegro del contrato”.
El regidor explicó que el Consistorio ha remitido dos requerimientos formales a Óbolo, el primero de ellos el 22 de octubre, y que la empresa dispone de plazo hasta el 3 de noviembre para responder. “Hasta que no cumpla, no vamos a parar”, afirmó, subrayando que el Gobierno local “está actuando por la vía de los hechos, con los mecanismos legales y técnicos que le corresponden a un ayuntamiento”.
García reiteró que el Ayuntamiento ha dotado de presupuesto las mejoras salariales incluidas en el acuerdo del Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía), lo que ha permitido que las trabajadoras “hayan cobrado parte de las mejoras comprometidas en septiembre”. Añadió que “falta que la empresa consolide esos pagos y los haga permanentes”.
El alcalde también defendió el derecho de las trabajadoras a manifestarse, aunque lamentó el abandono de la oposición: “El pleno no se suspendió; ellos decidieron marcharse”. Aprovechó además para reprochar a los anteriores responsables municipales su “cinismo político”, recordando que “tuvieron ocho años para municipalizar el servicio y no lo hicieron”.
Finalmente, Bruno García aseguró que su gobierno mantiene un diálogo constante con los sindicatos y las empresas municipales, como Emasa o mantenimiento urbano, y que todas las reivindicaciones “se abordan desde la negociación y la transparencia”.
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