El PP de Cádiz pide a Adelante explicaciones sobre los contratos revisados por el asesor de Kichi

El PP de Cádiz reclama a José Ignacio García que aclare la intervención del asesor de Kichi en varios expedientes municipales, después de que Adelante calificara el procedimiento judicial como un caso de lawfare.

El PP de Cádiz ha pedido al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, explicaciones sobre los expedientes de contratación municipal en los que habría intervenido el asesor vinculado al antiguo equipo de gobierno de José María González ‘Kichi’. La petición llega después de que García atribuyera la causa judicial abierta contra el exalcalde a una “guerra judicial”.

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado su escrito de acusación en el procedimiento relacionado con el papel desempeñado desde 2018 por un asesor contratado por Por Cádiz Sí se Puede, partido que sustentaba al gobierno municipal. El Ministerio Público sostiene que esta persona accedió de manera continuada a información reservada del área de Contratación sin formar parte de la plantilla municipal.

Según el escrito conocido esta semana, la Fiscalía solicita para González una multa de 10.800 euros y un total de 18 años de inhabilitación por presuntos delitos continuados de revelación de secretos y prevaricación. Las mismas penas se reclaman para dos antiguos concejales, el entonces jefe de gabinete de Alcaldía y el asesor investigado.

La presentación de un escrito de acusación no supone una condena. Los hechos y las responsabilidades atribuidas a los acusados deberán ser examinados durante el correspondiente procedimiento judicial, en el que podrán ejercer su defensa.

En su respuesta política, el PP de Cádiz ha reclamado a José Ignacio García que detalle “en qué contratos públicos” intervino el asesor de Kichi. Los populares sostienen que su actuación afectó a expedientes que manejaban cantidades relevantes de dinero público, aunque la nota difundida por el partido no precisa los importes.

El PP menciona los pliegos correspondientes al Yacimiento Gadir, el servicio de limpieza, la vigilancia y un acuerdo con una empresa inmobiliaria relacionado con Los Chinchorros. Según la formación, estos expedientes aparecen recogidos en la petición de penas formulada por la Fiscalía.

Los populares también afirman que durante la instrucción varios funcionarios declararon sobre el interés del asesor en los criterios subjetivos incluidos en determinados pliegos. El partido atribuye a Comisiones Obreras el origen de la denuncia, aunque la nota remitida contiene incompleto el año en el que supuestamente se presentó.

La reacción se produce después de que José Ignacio García trasladara su apoyo al exalcalde y calificara el procedimiento como un caso de lawfare. El portavoz de Adelante aseguró que se habían presentado alrededor de 20 denuncias contra González y su equipo y sostuvo que todas las anteriores habían fracasado.

García defendió que el gobierno municipal recurrió a personas expertas para estudiar la recuperación de servicios públicos y negó que los responsables investigados obtuvieran un beneficio económico. A su juicio, la actuación judicial pretende cuestionar las políticas de municipalización impulsadas durante los mandatos de González.

El exalcalde también ha respondido mediante sus redes sociales. González sostiene que el asesor fue contratado por el partido para ayudar a los concejales a incorporar cláusulas sociales a los contratos públicos y niega que influyera en decisiones técnicas o impartiera instrucciones obligatorias a los funcionarios.

Frente a estos argumentos, el PP considera insuficientes las explicaciones ofrecidas por Adelante y centra su réplica en el posible acceso a documentación municipal y en las modificaciones realizadas sobre expedientes. También ha acusado a la formación andalucista de incumplir sus códigos éticos al incluir en su candidatura municipal de 2023 a dos personas investigadas en esta causa.

La controversia política continuará en paralelo al procedimiento judicial. Mientras Adelante presenta el caso como una persecución contra la gestión de Kichi, el PP reclama que se esclarezca el alcance de la intervención del asesor en los contratos municipales. Será el proceso judicial el que determine si los hechos atribuidos a los acusados constituyen los delitos señalados por la Fiscalía.