El PP evita aclarar su voto sobre el Tratado sobre Gibraltar en el Parlamento Europeo
El PP evita confirmar si apoyará el Tratado sobre Gibraltar en el Parlamento Europeo el próximo 17 de mayo y centra sus críticas en la falta de votación en las Cortes y en varios aspectos del acuerdo que afecta al Campo de Gibraltar.

El Partido Popular no ha desvelado si respaldará la ratificación del Tratado sobre Gibraltar en el Parlamento Europeo, prevista para el 17 de mayo, aunque ha expresado críticas al contenido del acuerdo negociado por el Gobierno de España con la Unión Europea y Reino Unido tras el Brexit.
La incertidumbre se evidenció este jueves en la Comisión de Exteriores del Senado, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preguntó en varias ocasiones al portavoz del PP en dicha comisión, José Antonio Monago, cuál será el sentido del voto de los eurodiputados ‘populares’.
Monago evitó responder directamente y centró su intervención en reprochar al Gobierno que el tratado no haya sido sometido a votación en las Cortes Generales. El senador criticó lo que calificó como “opacidad” y falta de control parlamentario en la tramitación del acuerdo.
“¿Por qué insiste tanto en qué se va a votar fuera y tan poco en permitir que se vote dentro?”, planteó Monago durante la sesión, en referencia a la votación en el Parlamento Europeo. Según el dirigente del PP, el Ejecutivo debería permitir que el Congreso y el Senado se pronuncien sobre un asunto que, a su juicio, afecta directamente a la soberanía nacional.
El Tratado sobre Gibraltar en el Parlamento Europeo será sometido a votación en la Eurocámara como parte del procedimiento de ratificación en el marco comunitario. El acuerdo contempla, entre otras medidas, la desaparición física de la Verja y el establecimiento de un espacio de libre circulación de personas y mercancías entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, bajo supervisión europea.
Entre las principales críticas del PP figura que el texto no recoge una reivindicación explícita sobre la soberanía española del Peñón. Además, los ‘populares’ sostienen que el acuerdo no resuelve cuestiones como las aguas que rodean Gibraltar, el suministro de combustible a buques (‘bunkering’), la competencia fiscal o la protección del contribuyente español.
Monago también señaló la situación de los trabajadores transfronterizos del Campo de Gibraltar, que cruzan a diario la frontera para trabajar en el Peñón. Según indicó, “miles de trabajadores y familias siguen instaladas en la incertidumbre”, pese a que el Gobierno defiende que el tratado aportará seguridad jurídica tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Por su parte, el ministro Albares rechazó que los ciudadanos españoles no puedan pronunciarse sobre el acuerdo. Recordó que el Tratado sobre Gibraltar en el Parlamento Europeo será votado por los eurodiputados, incluidos los del PP, y defendió que ese procedimiento forma parte del marco institucional europeo.
El titular de Exteriores subrayó algunos de los puntos que, según el Gobierno, suponen avances para España. Entre ellos, destacó que, con la desaparición de la Verja, las personas y mercancías que entren o salgan de Gibraltar estarán sometidas a control por parte de autoridades españolas. La Policía Nacional asumiría los controles Schengen en el puerto y el aeropuerto del Peñón, mientras que los controles aduaneros se realizarían en puestos españoles.
Asimismo, el ministro aseguró que por primera vez España tendrá información sobre lo que accede a la base británica y que las personas que la transiten deberán identificarse ante autoridades españolas. El acuerdo también obligaría a Gibraltar a implantar un impuesto indirecto general y tributos especiales sobre hidrocarburos, alcohol y tabaco, incluyendo mecanismos de trazabilidad para este último producto.
El debate tiene una especial relevancia en la provincia de Cádiz, en particular en el Campo de Gibraltar, donde miles de personas dependen directa o indirectamente de la relación económica con el Peñón. La votación prevista para el 17 de mayo en la Eurocámara marcará el siguiente paso en la tramitación del tratado y aclarará la posición definitiva del PP en una cuestión clave para la zona.







