El PP presenta en el Senado una ley para blindar la competencia estatal de los habilitados nacionales frente a las cesiones de Sánchez a los independentistas
La portavoz popular Alicia García denuncia que el Gobierno de Sánchez intenta transferir al País Vasco y Cataluña el control sobre secretarios, interventores y tesoreros, poniendo en riesgo la independencia administrativa
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Senado ha registrado una Proposición de Ley para modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local con el objetivo de blindar la competencia estatal sobre los habilitados nacionales. Esta iniciativa surge ante los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de transferir dichas competencias a los gobiernos autonómicos del País Vasco y Cataluña, territorios con gobiernos independentistas.
Los habilitados nacionales son funcionarios de administración local que incluyen secretarios, interventores y tesoreros con funciones clave como la fe pública, el asesoramiento legal obligatorio y la fiscalización económico-financiera de las entidades locales en todo el territorio nacional. La competencia estatal garantiza la uniformidad, imparcialidad y altos estándares en la selección, formación y provisión de estos funcionarios.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, explicó en una reunión con las asociaciones que representan a este colectivo (FEDECA, APSITAL y COSITAL) que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 25/1983, estableció que la selección de estos funcionarios corresponde exclusivamente al Estado. García alertó que la transferencia de estas competencias a gobiernos regionales supondría “interferencias, conflictos de interés o influencias indebidas que pueden comprometer la independencia de la actuación administrativa”.
Además, la dirigente popular recordó que el ex presidente Zapatero ya intentó ceder estas competencias en 2007, una medida que el Gobierno del PP revirtió en 2013 tras comprobar su fracaso. Según García, la actual intención de Sánchez responde a “un pago más del alquiler de La Moncloa a los independentistas”, agravado por la “debilidad del Gobierno debido a la corrupción”.
La portavoz popular destacó también la importancia del papel de los habilitados nacionales durante el golpe independentista en Cataluña, calificándolos de pieza clave para impedir el éxito del proceso secesionista liderado por Puigdemont y Junqueras. Por ello, acusó al presidente Sánchez de “desarmar el Estado y entregarlo a quienes buscan romper España para mantenerse en el poder”.
En la propuesta, el PP defiende que la competencia estatal asegura la mayor capacitación y cobertura de vacantes mediante pruebas comunes y niveles homogéneos de exigencia. La descentralización, argumentan, provocaría una pérdida de prestigio del cuerpo funcionarial y dificultaría la atracción del talento.
Finalmente, Alicia García afirmó que esta Proposición de Ley es una medida necesaria para garantizar la calidad democrática y la independencia administrativa, y anunció que el PP revertirá esta situación “cuando Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular lleguen al Gobierno”.
