Alerta de que la medida, prevista por el Gobierno, destruirá miles de empleos en la provincia que ya registra el mayor número de personas con discapacidad desempleadas
“El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno, por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable, va a acabar con la bonificación del 100% de la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo (CEE) y en general a los contratos que las empresas realicen a personas con discapacidad, lo que destruirá miles de empleos y un paso atrás en la lucha a favor de la inclusión social”, denuncia el PP de Cádiz que ha recogido la preocupación de entidades y asociaciones y trasladará esta amenaza al pleno de la Diputación Provincial para que se defiendan los intereses de este colectivo.
En concreto, el Grupo Popular ha presentado una propuesta para que Diputación inste a la retirada de forma inmediata este nuevo anteproyecto de ley, y se reclame que el Ministerio de Trabajo y Economía Social mantenga, tal y como hasta ahora, las bonificaciones a la contratación laboral de personas con discapacidad” como un mecanismo necesario para reducir la alta tasa de desempleo que abunda entre las personas con discapacidad”.
A través de su portavoz en el grupo provincial Juan José Ortiz, el PP apunta a que en Andalucía unas 20.000 personas con discapacidad podrían perder su empleo. Añade el informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad de 2021 según el cual la provincia de Cádiz ocupa el primer puesto de toda Andalucía de ciudadanos con discapacidad desempleadas con 6.647 personas; por encima de provincias mucho más pobladas, “lo que pone de manifiesto la grave incidencia que, de salir adelante la pretensión del Gobierno, va a tener en materia de empleo en nuestra provincia.
El Partido Popular de Cádiz defiende que desde la Junta de Andalucía se está intentando implementar medidas alternativas contra las políticas del Gobierno Central y critica que esta normativa conlleva también la imposibilidad de que desde las administraciones autonómicas se pueda seguir apoyando la generación y mantenimiento del empleo de personas con discapacidad “ya que la disposición planteada supone eliminar todas las modificaciones e incentivos, además de bloquear las actuales medidas que se ofrecen a los centros especiales de empleo para personas con discapacidad.
Por ello, considera necesario “que haya un frente común en contra de la normativa estatal que supondrá un grave perjuicio para un colectivo ya castigado por las dificultades de incorporación e inserción al mercado laboral”.