El portavoz socialista Óscar Torres sostiene que el rechazo a medidas sobre el alquiler agrava el acceso a la vivienda en Cádiz y cuestiona la venta de suelo público para VPO en la ciudad.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha criticado el voto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados contra varias iniciativas relacionadas con el mercado del alquiler y ha asegurado que esa posición tiene consecuencias directas en el acceso a la vivienda en Cádiz.
En una nota de prensa remitida este martes, Torres se refirió a la sesión celebrada esta semana en la Cámara Baja, donde el PP votó junto a otras formaciones en contra de propuestas destinadas, según los socialistas, a prorrogar contratos de arrendamiento y limitar la subida de los precios del alquiler. A juicio del portavoz municipal, esta decisión perjudica a “cientos de miles de inquilinos” y resulta especialmente relevante en ciudades con un mercado tensionado como Cádiz.
Torres señaló que la negativa a respaldar estas medidas permite que los precios del alquiler “sigan subiendo sin control”, lo que, en su opinión, dificulta la estabilidad de muchas familias y jóvenes. El dirigente socialista enmarca este debate en la situación local y sostiene que el problema del acceso a la vivienda en Cádiz se ve agravado por el incremento de los precios y la escasez de oferta asequible.
En el ámbito autonómico, el portavoz del PSOE también se refirió a la actuación de la Junta de Andalucía en relación con la Ley Estatal de Vivienda. Según explicó, el Gobierno andaluz no ha aplicado la declaración de zonas tensionadas prevista en la norma, un mecanismo que permitiría establecer límites al precio del alquiler en municipios donde se cumplan determinados requisitos. Torres considera que Cádiz podría acogerse a esta figura para contener los precios.
Asimismo, mencionó la gestión del Bono Alquiler Joven en Andalucía, señalando retrasos en su tramitación y pago. Según el PSOE, estos problemas afectaron a solicitantes gaditanos que esperaban esta ayuda para hacer frente al coste del alquiler. La Junta de Andalucía ha defendido en anteriores ocasiones que la gestión del programa se ajusta a los procedimientos establecidos y que los pagos se realizan conforme a la disponibilidad presupuestaria.
En clave municipal, Torres dirigió sus críticas al alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), por la política de suelo y vivienda desarrollada por el actual equipo de gobierno. En concreto, cuestionó la venta de suelo público a promotoras privadas para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).
El portavoz socialista afirmó que algunas de estas promociones ofertan pisos de alrededor de 50 metros cuadrados por precios que superan los 200.000 euros, una cifra que, según indicó, resulta inasumible para buena parte de la población local. A su juicio, este modelo no contribuye a facilitar el acceso a la vivienda en Cádiz ni a frenar la pérdida de población que viene registrando la ciudad en los últimos años.
Torres defendió que las administraciones deben priorizar el uso social del suelo público y promover viviendas a precios asequibles, especialmente en un contexto de aumento del coste del alquiler y de la compra. En su opinión, las políticas del PP, tanto a nivel nacional como autonómico y local, no están orientadas a garantizar el derecho a la vivienda.
Las declaraciones del portavoz socialista se producen en un contexto de debate político sobre la regulación del mercado del alquiler y la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, así como sobre el papel de los ayuntamientos en la promoción de vivienda protegida. En Cádiz, el acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales asuntos del debate municipal, vinculado tanto a los precios como a la disponibilidad de inmuebles.
Hasta el momento, el equipo de gobierno municipal no ha respondido públicamente a estas declaraciones.
