El PSOE pide aclarar el expediente del cocedero de marisco previsto en Zurbarán 1
El PSOE pide información sobre el cocedero de marisco de Zurbarán 1 ante las alegaciones presentadas por la comunidad de propietarios por la evacuación de humos y olores, la ventilación, los residuos y la seguridad contra incendios.

El grupo municipal socialista preguntará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Cádiz por el estado del expediente para la implantación de una pescadería con cocedero de marisco en el número 1 de la calle Zurbarán. La iniciativa responde a las dudas trasladadas por la comunidad de propietarios del edificio sobre la tramitación administrativa y sus alegaciones contra el proyecto.
Los residentes solicitan que se deniegue la calificación ambiental necesaria para la apertura del establecimiento en uno de los locales situados en los bajos del inmueble. Según la información facilitada este martes 8 de septiembre por el PSOE, la comunidad desconoce qué respuesta ha dado el Consistorio a las objeciones formuladas y en qué fase se encuentra actualmente el procedimiento.
Los socialistas pedirán al equipo de gobierno municipal que aclare durante la sesión plenaria el estado de la calificación ambiental de la actividad. También reclamarán información sobre las contestaciones ofrecidas a las demandas de los propietarios y sobre las garantías incluidas en el proyecto para evitar molestias en el edificio residencial.
La comunidad habría presentado dentro del plazo establecido una serie de alegaciones de carácter técnico, urbanístico y ambiental. Estas objeciones se refieren principalmente al sistema previsto para evacuar los humos y olores derivados del funcionamiento del cocedero, así como a la ventilación del local.
Los escritos vecinales también plantean cuestiones relacionadas con la gestión de los residuos generados por la actividad y el cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios. Los afectados consideran que estos aspectos deben quedar resueltos antes de que pueda autorizarse la puesta en funcionamiento del establecimiento.
El PSOE sostiene que los vecinos no han recibido información suficiente por parte del Ayuntamiento sobre la resolución de las alegaciones ni sobre la situación real del expediente. La formación lleva así el asunto al Pleno con el propósito de obtener una respuesta pública del equipo de gobierno.
La preocupación en torno al cocedero de marisco de Zurbarán 1 habría aumentado durante las últimas semanas por la aparición en medios de comunicación y redes sociales de referencias a una posible apertura próxima. Los propietarios entienden que esa posibilidad no se corresponde con la situación administrativa que conocen actualmente.
De acuerdo con la versión transmitida por los afectados al grupo socialista, la Junta de Gobierno Local todavía no habría resuelto la calificación ambiental. Tampoco les constaría que se haya determinado definitivamente si el proyecto presentado cumple todos los requisitos exigidos para desarrollar esta actividad en un inmueble residencial.
La apertura efectiva del negocio queda, por tanto, condicionada a la tramitación del expediente y a las decisiones que adopte el Ayuntamiento. La información aportada por el PSOE no incluye una fecha prevista para que el órgano municipal resuelva la calificación ni para la posible puesta en marcha del establecimiento.
El grupo socialista ha aprovechado el anuncio de su iniciativa para criticar la gestión del gobierno municipal. A su juicio, la falta de contestación denunciada por esta comunidad constituye “la enésima prueba de la incapacidad” del equipo de gobierno para atender los asuntos cotidianos de la ciudad.
La acusación forma parte del posicionamiento político del PSOE y se produce a la espera de las explicaciones del gobierno local. En la nota difundida por la formación no se recoge la versión del Ayuntamiento de Cádiz ni de los promotores de la pescadería con cocedero.
La pregunta plenaria deberá servir para precisar si las alegaciones ya han sido analizadas, qué informes se han incorporado al procedimiento y si existe una resolución sobre la compatibilidad de la actividad con el entorno. Hasta entonces, la comunidad de propietarios mantiene su petición de que no se conceda la calificación ambiental.


