Ruiz Boix ha recordado que “la propia presidenta, Irene García, en la sede de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, dejó claro que la Diputación no sólo va a prestar el servicio técnico que necesiten los Ayuntamientos, sino que abogaba por establecer una posición común respecto al impacto que provocará la implantación de dichas instalaciones energéticas”
El portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz y diputado de Hacienda, Juan Carlos Ruiz Boix, ha querido exponer el contenido de una de las propuestas que defenderá el PSOE en el próximo pleno ordinario del Ente provincial en referencia a medidas de regulación en favor de un desarrollo equilibrado y sostenible de las energías renovables. Dentro del desarrollo de proyectos y megaproyectos de energías renovables un número importante de ellos se pretenden desarrollar en el entorno de la zona de la campiña de los valles de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, entre los municipios de Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque, a los que se le suman los limítrofes de Casares y Gaucín y que supondrían la ocupación de más de 3.000 hectáreas, además de las servidumbres creadas por los trazados de las líneas de evacuación.
Concretamente, el diputado ha dicho que, “es necesario que sean los municipios los que marquen sus pautas de desarrollo económico y social, por ese motivo el Grupo Socialista quiere que la corporación de la Diputación Provincial muestre su apoyo tácito a las alegaciones y trámites administrativos que conlleven al cambio en el trazado de las líneas de evacuación y en la ubicación de las estaciones subeléctricas de los proyectos de fotovoltaicas de la comarca que afecten a las propiedades agrícolas cuya expropiación amenazaría, entre otras cuestiones, la generación de empleo y riqueza que hoy sustentan”.
Por ello, el portavoz socialista ha dejado claro que “como ya anunciase la presidenta de la Diputación, Irene García, hace unos días en la sede de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, el Ente provincial tiene un gran compromiso con el desarrollo de la comarca y no sólo prestará todas las herramientas técnicas necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto de desarrollo, sino que además lo quiere hacer con todas las garantías y contando con la voz del territorio”. En ese sentido, ha dicho que “García abogaba por establecer una posición común de los Ayuntamientos campogibraltareños afectados respecto al impacto que provocará la implantación de dichas instalaciones energéticas con el fin de no mermar la proyección de otros sectores como la agricultura o el turismo”. Por todo ello, ha dejado claro que “es evidente el compromiso del PSOE y del Gobierno provincial al respecto de este asunto que tanto preocupa en la comarca”.
Así pues, Ruiz Boix ha aseverado que “estos volúmenes y cantidades proyectadas significan una ocupación impactante que provocaría un cambio radical en el modelo social de pueblo y entorno que actualmente conocemos. Afectando gravemente a varios sectores socioeonómicos, como el turístico, el paisajístico, el patrimonial, y fundamentalmente al sector primario, limitando tanto a la ganadería como al sector de producción de productos tropicales, como el aguacate, y cambiando radicalmente uno de los patrimonios y atractivos de la zona, como es el paisaje de la campiña de los valles del Guadiaro y del Hozgarganta”.
En esa misma línea, ha manifestado el diputado que “la propuesta trae consigo solicitar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico una suspensión o moratoria de los trámites administrativos de proyectos de energías renovables por plantas fotovoltaicas, hasta que no entre en vigor y se desarrolle debidamente el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que permita una regulación sostenible de los proyectos”.
Asimismo, Ruiz Boix ha indicado que “dentro del paquete de acuerdos de la propuesta se instará a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una suspensión o moratoria de los trámites administrativos de proyectos de energías renovables por plantas fotovoltaicas, hasta que no esté aprobado el Plan Andaluz de Acción por el Clima, incluido en la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, este acuerdo busca exactamente lo mismo que el anterior dar sentido a la sostenibilidad de los proyectos”.
Para concluir, Ruiz Boix ha recordado que “esta situación está teniendo una respuesta social muy importante en estos pueblos lo que ha llevado a la creación de Plataformas, Comisiones, convocatorias públicas, etc., tal como se manifestó el pasado 30 de mayo en Castellar de la Frontera con objeto de paliar los efectos adversos que traerían consigo el desarrollo de estos proyectos fotovoltaicos sin tener en cuenta las sensibilidades del territorio”. Ha finalizado diciendo que “esas son razones de peso para que desde el Grupo Socialista provincial seamos sensibles y trabajemos en consenso evitando crear conflictos innecesarios, sin ir en detrimento del nuevo modelo energético al que debemos caminar”.