El Supremo rechaza la querella por los guardias civiles asesinados en Barbate
El Supremo rechaza la querella por los guardias civiles asesinados en Barbate al no apreciar indicios de delito por parte del ministro del Interior y descarta también otras acciones relacionadas con incendios forestales y la dana de Valencia.
El Tribunal Supremo ha rechazado la querella por los guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024 al no apreciar indicios de delito en la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La decisión se recoge en uno de los tres autos dictados por la Sala de lo Penal y hechos públicos este lunes.
La querella había sido presentada por la asociación Libertad y Justicia, que acusaba al titular de Interior de una presunta omisión de medios materiales en relación con la muerte de dos agentes de la Guardia Civil que fallecieron tras ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate.
Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando una embarcación utilizada presuntamente para el narcotráfico arrolló a una zodiac de la Guardia Civil durante una operación contra el tráfico de drogas en la zona, causando la muerte de dos agentes. El suceso generó una amplia repercusión social y política en la provincia de Cádiz, especialmente en el Campo de Gibraltar y la comarca de La Janda, donde desde hace años se reclama un refuerzo de medios humanos y materiales frente al narcotráfico.
En su auto, el alto tribunal inadmite la querella al no apreciar base suficiente para atribuir responsabilidad penal al ministro. Los magistrados consideran que no se aportan indicios concretos de delito que justifiquen la apertura de una causa contra un aforado ante el Supremo.
La resolución se enmarca en un conjunto de tres decisiones adoptadas por la Sala de lo Penal en las que también se han rechazado otras dos querellas dirigidas contra miembros del Gobierno por distintos asuntos.
Una de ellas fue presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros —entre ellos el propio Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen— por presuntos delitos relacionados con los incendios forestales registrados el pasado verano en diferentes puntos del país.
El Supremo inadmite esa querella al considerar que se limita a atribuir responsabilidad penal por el mero desempeño del cargo, sin concretar actuaciones delictivas individuales por parte de los aforados. Según el auto, no se aportan documentos que permitan deducir responsabilidad penal pese a los daños ocasionados por los incendios.
La tercera querella, también presentada por la asociación Libertad y Justicia, se dirigía contra la exvicepresidenta y exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera —actual vicepresidenta de la Comisión Europea— por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones en relación con la dana que afectó a la provincia de Valencia.
En los tres casos, el Supremo concluye que no concurren los elementos necesarios para iniciar un procedimiento penal contra los responsables señalados.
En el caso de Barbate, la decisión judicial supone el archivo en el alto tribunal de la vía penal planteada contra el ministro del Interior por la muerte de los dos agentes. Los hechos, no obstante, continúan siendo objeto de investigación judicial en relación con los presuntos responsables directos del ataque con la narcolancha.
La muerte de los guardias civiles en Barbate provocó concentraciones de repulsa y homenajes en distintos municipios gaditanos, así como un debate político sobre los medios disponibles para la lucha contra el narcotráfico en la costa andaluza. Instituciones y asociaciones profesionales han reiterado desde entonces la necesidad de reforzar los recursos destinados a este tipo de operativos.
Con esta resolución, el Tribunal Supremo descarta que existan responsabilidades penales atribuibles al ministro del Interior por los hechos ocurridos en el puerto de Barbate, al menos en lo que respecta a la querella presentada ante el alto tribunal.
