Familias con problemas de vivienda en Cádiz llevan sus casos al Pleno municipal

Varias mujeres con problemas de vivienda en Cádiz reclamaron soluciones urgentes ante la corporación, que aprobó por unanimidad pedir información sobre 31 inmuebles señalados como posiblemente desocupados.

Varias familias con problemas de vivienda en Cádiz expusieron este jueves sus casos ante el Pleno del Ayuntamiento y reclamaron respuestas concretas a las administraciones. Las participantes relataron situaciones de alojamiento provisional, dificultades para encontrar alquileres asequibles y temor a perder los espacios en los que residen actualmente con sus hijos.

«Somos madres desesperadas que sentimos que estamos al borde del precipicio», expresó una de las mujeres durante el turno de intervención ciudadana. Las participantes describieron la incertidumbre de criar a sus hijos sin un hogar estable y pidieron que las instituciones coordinen sus recursos para atender cada expediente.

Otra intervención reclamó plazos y medidas concretas frente a las declaraciones generales de apoyo. «No queremos palabras bonitas, no queremos compromisos, queremos saber qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer», afirmó ante los representantes municipales.

Las intervenciones se produjeron durante el debate de varias propuestas relacionadas con el parque residencial público. El PSOE pidió que el equipo de gobierno recabara y facilitara información sobre la titularidad y el estado de ocupación de una relación de viviendas señaladas por las familias.

Adelante Izquierda Gaditana cifró en 31 los inmuebles localizados y solicitó que se comprobara la situación de cada uno. La cifra procede de lo expuesto por la oposición durante la sesión, en la que no quedó acreditado que todas esas viviendas estén vacías, pertenezcan al Ayuntamiento o puedan destinarse inmediatamente a una adjudicación.

El portavoz socialista defendió que el Gobierno municipal debe responder con información contrastada. «Si no es verdad, desmiéntase con certeza y dese esa información y, si es verdad, pónganse manos a la obra», señaló durante el debate.

El representante del PSOE diferenció entre las viviendas gestionadas por la empresa municipal Procasa, las pertenecientes a otras administraciones y las de propiedad privada. La comprobación de la titularidad resulta necesaria antes de determinar qué organismo debe intervenir y qué posibilidades existen en cada caso.

Desde el Gobierno municipal, la responsable de Vivienda defendió el trabajo desarrollado por Procasa, las promociones residenciales en marcha y la atención prestada por los servicios sociales. También aseguró a las familias que el equipo de gobierno está «comprometido» con las situaciones que habían expuesto.

La respuesta provocó las críticas de Adelante Izquierda Gaditana, que consideró insuficiente recurrir a promociones futuras ante casos que requieren una solución inmediata. El debate reflejó las diferencias entre gobierno y oposición sobre la gestión de Procasa y la capacidad municipal para ofrecer alternativas habitacionales.

Las propuestas presentadas por el PSOE y Adelante fueron finalmente aprobadas por unanimidad. Los acuerdos permitirán solicitar información sobre los inmuebles y estudiar posibles actuaciones, pero no suponen que las familias vayan a recibir de forma inmediata alguna de las viviendas mencionadas.

El turno ciudadano mostró además que los casos no responden a una única situación. Una madre explicó que comparte una habitación con su hijo pequeño mientras intenta encontrar un alquiler que pueda asumir con sus ingresos. Otra participante señaló que lleva años viviendo con su hija en un alojamiento concebido inicialmente como provisional.

También se denunció la situación de una finca de Procasa cuya escalera, según relató una vecina, dificulta la salida y el traslado de residentes enfermos. Esta intervención incorporó al debate las condiciones de accesibilidad y seguridad de algunos edificios gestionados por la empresa municipal.

El acuerdo plenario deja ahora pendiente la comprobación individual de las 31 viviendas señaladas y el seguimiento de los casos presentados. La sesión evidenció la urgencia expresada por las familias, pero no identificó ningún inmueble concreto que pudiera entregarse de inmediato ni estableció fechas para ofrecerles una solución habitacional.