El responsable del área de Función Pública de Diputación, Fran González, lamenta la obsesión del portavoz del Grupo Popular, José Loaiza, por obtener un titular que desacredite la gestión de este equipo de gobierno. En esta obsesión todo le da igual: que sean o no ciertos los hechos expuestos o que pueda desacreditar incluso el trabajo del personal técnico que defiende los intereses públicos. José Loaiza convocó una rueda de prensa y emitió un comunicado denunciando las sanciones resueltas por la Inspección de Trabajo frente a contrataciones irregulares concertadas por Diputación.
La única novedad que aporta Loaiza es la sanción de 626 euros, indica Fran González que mezcla con falsedades antiguas que ya fueron aclaradas en una comisión informativa con asistencia de todos los grupos políticos de la Diputación. Al final lo que le interesa es un relato, de escándalo y de oscurantismo, aunque se le demuestre la verdad, se le muestren todos los expedientes y se conteste a todas las preguntas con absoluta transparencia.
Fran González explica que los hechos que han motivado la sanción se originan en diciembre de 2017. En dicha fecha se presenta una reclamación administrativa por parte de dos trabajadoras que pretenden la conversión de sus contratos en indefinidos-discontinuos. Diputación desestima esta pretensión y las recurrentes plantean su demanda en el Juzgado de lo Social. En el curso de las diligencias el Juzgado solicita informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Inspección levanta un acta de infracción, pero no sobre la reclamación de fondo (la constitución de los contratos en indefinidos-discontinuos) sino por un defecto formal en la documentación: no haberse completado la casilla sobre justificación del contrato aunque del examen de cada situación, cuando han comparecido en esta Inspección las dos partes, queda absolutamente acreditado que la causa del contrato era la sustitución de trabajadores individualmente considerados de vacaciones, según se expresa en el acta.
En su conclusión final la propia Inspección de Trabajo determina que no procede la transformación de los dos contratos en fijos discontinuos. Al respecto Fran González estima que la Inspección coincide en los planteamientos defendidos por Diputación a la hora desestimar la conversión de los contratos en indefinidos. La sanción es por un defecto accesorio, colateral, consistente en no especificar los nombres de las personas sustituidas en vacaciones. Como el acta de Inspección se incluye en un procedimiento judicial, pendiente de resolución, se optó por no recurrir, considerando que en el fondo del asunto se nos da la razón, indica el diputado de Función Pública.
Fran González recuerda, tras aclarar el origen y los hechos de la sanción de 626 euros, los cuatro años de Loaiza al frente de Diputación ocasionaron el pago de sanciones por irregularidades laborales por encima de los 720.000 euros. Parte de aquellos procedimientos, promovidos y constituidos en el mandato de Loaiza, pero resueltos y notificados con posterioridad a su salida de la presidencia de Diputación, son los que reitera cada cierto tiempo a sabiendas de su falsedad. Sin ir más lejos esta semana hemos recibido una sentencia que nos obliga a pagar más de 14.000 euros por una cesión ilegal de una trabajadora del año 2014.