Concluimos la trilogía de artículos referentes a la historia de Gibraltar y del contencioso entre la colonia, España y el Reino Unido con un repaso al intenso siglo XX, desde la creación de la verja en 1908 hasta la época de los gobiernos democráticos de nuestro país.
La historia de Gibraltar en el siglo XX comienza con la visita que el joven Alfonso XIII realizó al Reino Unido en 1905 en relación con su boda con la princesa Victoria Eugenia. En ese contexto, el gobierno británico solicitó a España que renunciase a los derechos que el Tratado de Utrecht le otorgaba en relación con Gibraltar, pretensión que no fue atendida. Pero el hecho capital de este principio de siglo fue la construcción de la verja en el año 1908. Las autoridades británicas justificaron la existencia de la verja como un medio para evitar el contrabando y facilitar las labores de vigilancia. Dentro de este límite quedaba englobado el antiguo “campo neutral”, que se había ido anexionando Gran Bretaña a lo largo del siglo anterior.
En 1921, Gibraltar pasó a tener un ayuntamiento propio, hecho trascendental en la historia de la formación de la identidad gibraltareña.
En plena guerra civil española, en el año 1938, se proyectó un aeropuerto para Gibraltar, diseño que fue aprobado en el año 1941, en el terreno anexionado en el siglo XIX. Además, la pista tuvo que introducirse unos ochocientos metros en la bahía de Algeciras. Gibraltar fue uno de los elementos fundamentales en las negociaciones entre los gobiernos franquista y nazi en relación con la participación española en la Segunda Guerra Mundial.
La dictadura franquista reivindicó continuamente la soberanía española sobre Gibraltar. Una vez que el régimen fue reconocido en la ONU, Madrid exigió la aplicación de la resolución de Naciones Unidas del año 1960 sobre descolonización. Cuando los británicos tomaron la decisión de promulgar la Constitución de Gibraltar, en mayo de 1969, España adoptó varias medidas muy contundentes. En el terreno diplomático, denunció el Tratado de Utrecht y el incumplimiento de la resolución de la ONU. Pero, la medida más importante fue el cierre de la frontera el día 8 de junio de 1969. Las comunicaciones por tierra quedaron interrumpidas. Londres siguió, por su parte, con su política de estabilización de la situación internacional de la colonia. Cuando el Reino Unido ingresó en el Mercado Común en el año 1973, obtuvo una victoria diplomática, ya que se reconoció a Gibraltar como miembro de la Comunidad Europea con un estatus especial.
Llegada la democracia a nuestro país, se renovaron las reivindicaciones españolas sobre Gibraltar. El propio rey aludió a la cuestión en su discurso de jura ante las Cortes. Pero Adolfo Suárez intentó abordar el contencioso desde una fórmula nueva. Pensó que Gibraltar podía reincorporarse a España aprovechando la construcción del Estado de las autonomías. El gobierno español potenció las conversaciones con el británico. En abril de 1980, Marcelino Oreja y lord Carrington firmaron la Declaración de Madrid, que abría un proceso de negociaciones, aunque muy pronto se estancaron.
Los socialistas volvieron a reclamar la soberanía de Gibraltar. Los ministros Morán y Howe firmaron la Declaración de Bruselas de 1984 que, al menos, consiguió que Londres aceptara incluir en las negociaciones la cuestión de la soberanía, algo que nunca había ocurrido. La concesión española fue la apertura de la verja en febrero de 1985.
Pero las negociaciones no han avanzado nada desde entonces. La principal novedad ha sido el creciente protagonismo de los gobiernos gibraltareños en el contencioso, adoptando una postura radicalmente contraria a la inserción de Gibraltar dentro del Estado español. El problema de Gibraltar se agudiza con las cuestiones paralelas del contrabando, el blanqueo de dinero negro y la pesca. España sigue reclamando la soberanía y suele emplear como presión la aplicación estricta del Tratado de Utrecht frente a un Reino Unido siempre escurridizo en cuestiones legales y maniobrando a favor de los gibraltareños.
En clave política interna española, la derecha acusó y acusa a los gobiernos de Zapatero de blandura en esta materia, mientras que los socialistas y gran parte de la izquierda consideran que el problema gibraltareño, independientemente de la legitimidad de las reclamaciones españolas, es usado por el gobierno del PP como una cortina de humo para ocultar la situación actual y, con su aparente dureza, termina por perjudicar a la población del Campo del Gibraltar.