Igualdad activa un sistema de seguimiento de los comités de crisis por violencia de género

El Ministerio de Igualdad pone en marcha un sistema de seguimiento de los comités de crisis por violencia de género con 74 recomendaciones dirigidas a ministerios, comunidades autónomas y órganos judiciales, que serán evaluadas de forma semestral.

El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha un sistema de seguimiento de los comités de crisis por violencia de género con el objetivo de controlar la aplicación de las medidas acordadas tras cada asesinato machista. El mecanismo incluye 74 recomendaciones, organizadas en nueve categorías, y fija qué administración o institución es responsable de su desarrollo.

La iniciativa, impulsada a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, busca realizar un control periódico sobre el grado de ejecución de las decisiones adoptadas en estos comités, que se convocan tras crímenes por violencia de género. Según ha informado el Ministerio, el seguimiento se realizará con carácter semestral.

Los comités de crisis se constituyen para analizar de forma detallada los antecedentes de cada caso y las circunstancias del asesinato, con el fin de detectar posibles fallos o aspectos susceptibles de mejora en los sistemas de prevención y protección. En estas reuniones participan, a petición de Igualdad, representantes de distintos ministerios como Sanidad o Interior, además de la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las comunidades autónomas.

El nuevo sistema ya ha sido trasladado a los organismos implicados mediante un listado que recoge las 74 recomendaciones. En ese documento se especifica qué administración, institución u organismo debe desarrollar cada medida, con la intención de evaluar posteriormente si se ha ejecutado o en qué fase se encuentra.

Las recomendaciones abarcan distintos ámbitos. En el apartado de sensibilización y campañas se incluyen acciones dirigidas tanto a los entornos de las víctimas como al tratamiento informativo de la violencia de género en los medios de comunicación.

Otra de las líneas de actuación se centra en la formación de profesionales que intervienen en la atención a las víctimas, como miembros de la judicatura, profesionales de la abogacía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencia.

El documento también recoge propuestas para reforzar la coordinación interinstitucional. Entre ellas figuran la elaboración de protocolos específicos para casos de víctimas plurivictimizadas o con varios agresores, así como mejoras en los sistemas de detección de violencia contra mujeres, niñas y niños en ámbitos como el educativo o el sanitario.

En el ámbito educativo, las recomendaciones plantean medidas para prevenir la normalización de la violencia de género y fomentar la sensibilización desde edades tempranas. En paralelo, se proponen ajustes en los sistemas asistenciales y de atención integral a las víctimas, con especial incidencia en la coordinación entre organismos.

El sistema de seguimiento contempla además posibles mejoras en el ámbito judicial, incluidas actuaciones policiales vinculadas a procedimientos judiciales y a la fase de ejecución penal, el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a Víctimas, las Unidades de Valoración Forense Integral y la asistencia jurídica gratuita.

Por último, el listado incorpora propuestas de mejora relacionadas con el sistema VioGén —la herramienta estatal de seguimiento integral de los casos de violencia de género— y con sistemas autonómicos similares, así como acciones que tengan en cuenta situaciones de especial vulnerabilidad e interseccionalidad.

La puesta en marcha de este sistema afecta a todas las comunidades autónomas, que forman parte de los comités de crisis y deberán informar sobre el grado de cumplimiento de las medidas que les correspondan. En el caso de Andalucía, la aplicación de estas recomendaciones dependerá de la coordinación entre la Junta, los órganos judiciales y las fuerzas de seguridad con presencia en la provincia de Cádiz.

El Ministerio no ha detallado plazos concretos para la ejecución de cada recomendación, más allá del compromiso de revisión semestral. Con este mecanismo, el departamento que dirige Ana Redondo pretende sistematizar el control de las decisiones adoptadas tras cada asesinato machista y evaluar su desarrollo en las distintas administraciones implicadas.