La Guardia Civil investiga a un conductor por circular a 173 km/h en el puente de La Pepa, en Cádiz, en un tramo limitado a 80 km/h, por un presunto delito contra la seguridad vial.
La Guardia Civil de Cádiz investiga a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido circulando a 173 kilómetros por hora en el puente de la Constitución de 1812, conocido como puente de La Pepa, donde la velocidad máxima permitida es de 80 km/h.
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de febrero en la carretera CA-35, que conecta Cádiz con Puerto Real. El vehículo fue detectado por un cinemómetro instalado en un vehículo oficial en un punto de verificación de velocidad establecido en ese tramo.
Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, el conductor superaba en 93 kilómetros por hora el límite establecido en esa vía. Tras la detección de la infracción, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz inició las actuaciones correspondientes para la identificación e investigación del conductor.
El investigado ha sido puesto a disposición judicial como presunto responsable de un delito recogido en el artículo 379 del Código Penal, que castiga determinadas conductas relacionadas con el exceso de velocidad cuando superan los márgenes establecidos legalmente y pueden suponer un riesgo para la seguridad vial.
El puente de La Pepa es una de las principales infraestructuras de acceso a la capital gaditana y registra un importante volumen de tráfico diario, tanto de turismos como de vehículos pesados. La limitación de velocidad en este tramo está fijada en 80 km/h debido a las características de la vía y a criterios de seguridad.
De acuerdo con la legislación vigente, conducir a una velocidad que exceda en más de 80 km/h el límite permitido en vías interurbanas puede ser considerado delito. En caso de condena, el conductor podría enfrentarse a penas que incluyen prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
Además, el Código Penal contempla la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.
La Guardia Civil recuerda que los controles de velocidad forman parte de las actuaciones habituales de vigilancia y prevención en las carreteras de la provincia, con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad de todos los usuarios.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado competente, que será el encargado de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
