La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, afirma que “la Junta sigue dando palos de ciego en materia de vivienda y sigue sin atender la gran demanda de vivienda social de la provincia”
La diputada provincial de Izquierda Unida y portavoz municipal en Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, ha criticado el proyecto piloto anunciado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio consistente en la permuta de suelo de titularidad pública por viviendas acabadas mediante promoción privada. Así, según lo anunciado esta semana tras el Consejo de Gobierno, la Junta pone suelo público gratis a disposición de empresas privadas a cambio de que los promotores cedan a la Junta la titularidad de un número determinado de estas viviendas construidas. “Concretamente, de las 420 viviendas que se prevén construir en toda Andalucía con esta iniciativa, tan solo 62, un 14%, pasarían a titularidad de la Junta, el resto se sacaría en renta libre a un supuesto precio asequible que no han sabido ni querido determinar”, apunta la diputada.
De acuerdo con la información facilitada por la propia Junta de Andalucía, de las 420 viviendas previstas para toda Andalucía, 15 corresponden a la provincia de Cádiz, concretamente a una promoción prevista en una parcela situada en la calle Menacho de Sanlúcar de Barrameda. Así, y siguiendo el porcentaje del 14% previsto de viviendas que pasarán a AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), “tan sólo dos viviendas pasarían a propiedad de la Junta”.
La diputada y portavoz municipal en Sanlúcar lamenta que “la única propuesta de la Junta en materia de vivienda para la provincia de Cádiz y de manera concreta para Sanlúcar, sea un proyecto en el que se regala suelo público a cambio de un escaso 14% para vivienda pública”. Recuerda la diputada que Sanlúcar de Barrameda sufre “una de las tasas de desempleo y porcentaje de pobreza y exclusión social mayores del país, antes de la pandemia tenía una demanda de más de 1.200 viviendas sociales como consecuencia de que el Ayuntamiento no ha construido una sola vivienda social desde que accedió al gobierno local en 2007 el socialista Víctor Mora. Tras la pandemia –sostiene-, a buen seguro que esta demanda crecerá ostensiblemente”. Por otro lado, recuerda Álvarez la existencia de 300 viviendas ocupadas en las 12 corralas que siguen activas en el municipio.
La diputada provincial considera que este tipo de medidas no ayudan en absoluto a solucionar los graves problemas de vivienda que tiene Sanlúcar, “una lacra que se viene arrastrando durante décadas por la desidia y desinterés de los sucesivos gobiernos del PSOE, PP y C´s, tanto en la Junta de Andalucía como en el municipio, que junto al desempleo y a la pobreza ha originado el fenómeno de la ocupación irregular como única alternativa de muchas familias de tener un techo donde cobijarse”. Apunta la dirigente provincial que “Sanlúcar de Barrameda, más allá de la construcción de nuevas viviendas sociales necesita un Plan de Vivienda que, sobre todo, recoja acuerdos con las entidades bancarias propietarias de viviendas vacías para que las pongan a la venta con precios acordes a las circunstancias económicas y sociales de la ciudad, o alquiler social con el aval de la Junta de Andalucía y/o el Ayuntamiento”.
De igual forma, la diputada entiende que esta medida, “además de poco comprometida con la necesidad de aportar soluciones a la falta de vivienda, no tiene en cuenta el gran número de demandantes con que cuenta la provincia de Cádiz a lo largo de sus 45 municipios” y añade que, “el derecho a una vivienda digna contemplado en la Constitución no puede estar sujeto a la iniciativa privada, porque la función social de la vivienda choca frontalmente con el exclusivo interés económico de la promoción privada”.