El Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras ha emitido un auto en el que denuncia las condiciones de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) de la provincia de Cádiz. La jueza Belén Barranco advierte de la masificación de estos centros o de la falta de baños y duchas suficientes, entre otras vulneraciones de los derechos humanos.
El alcalde y diputado provincial, José María González, celebra este auto y considera que viene a reforzar la denuncia que lleva tiempo haciendo Podemos sobre las condiciones de estos centros. González recuerda que ya en el mes de octubre el pleno de la Diputación provincial aprobó por mayoría (19 votos a favor de los Diputados de los Grupos Provinciales Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 12 votos en contra del Grupo Provincial Popular) una propuesta conjunta de su grupo y Ganemos Jerez en la que se pedía el cierre inmediato de estos dos centros, se solicitaba al Ministerio del Interior un plan para sustituir los CIEs por pisos tutelados por ONGs e instituciones donde se garantizasen los derechos humanos y, además, la Diputación se comprometía a trabajar en dicho plan.
González critica la falta de compromiso de la presidenta de Diputación, Irene García, con los acuerdos alcanzados en la institución. “Es inadmisible que, ante la vulneración constante de los derechos humanos, la presidenta de Diputación sea cómplice y mire para otro lado”. Asimismo, González condena la actitud del gobierno central que desoye “los acuerdos provinciales de la Diputación de Cádiz”.
“Los CIE constituyen espacios opacos en los que no se garantizan adecuadamente derechos tan básicos como la salud física y psicológica, la educación o la identidad; pero tampoco derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida personal y familiar, a la intimidad, a la integridad física, al acceso a la justicia, o incluso en la propia vida”, denuncia González.
El diputado provincial recuerda a la presidenta de Diputación y al ministro del Interior que en Algeciras, “las instalaciones del CIE se encuentran ubicadas en el edificio del antiguo Centro Penitenciario de la Piñera, instalaciones clausuradas en el año 2000 porque las deficientes condiciones del edificio hacían inviable su continuidad”. Además, añade, “pese a que por imperativo legal un Centro de Internamiento de Extranjeros no tiene carácter penitenciario, el de Algeciras posee una impronta carcelaria absolutamente notoria e imposible de mitigar al tratarse de un edifico que sencillamente fue concebido como una prisión”. Y, añade, “sus condiciones son absolutamente deplorables, tanto para las personas internas como para las personas que allí trabajan, tal y como ratifica este auto de la jueza Barranco”.
El caso de Tarifa es aún más “sangrante” si cabe ya que ni siquiera “existe Orden del Ministerio del Interior que habilite su creación”. Así, el CIE de Tarifa se encuentra en un limbo legal “aún mayor que el que ya de por sí tienen los CIEs”. “Esta apariencia de funcionamiento provisional y dependiente del CIE de Algeciras ha servido para encubrir o disfrazar la realidad de estas instalaciones constituidas, en realidad, de forma totalmente irregular como un CIE totalmente independiente tanto en funcionamiento como en organización interna”, explica González que recuerda que esta situación ha sido denunciada no sólo por diferentes colectivos sociales, sino también por la propia Fiscalía General del Estado o el Defensor del Pueblo y ahora por el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras. “El CIE de Tarifa es absolutamente ilegal desde el momento en el que se está procediendo al internamiento y privación de libertad de personas en un lugar no habilitado a tal efecto, con vulneración expresa del artículo 17 de la Constitución”, concluye.
González espera que tanto Irene García como Juan Ignacio Zoido respeten de una vez el acuerdo del pleno de la Diputación de Cádiz y se pongan a trabajar en un plan que sustituya los CIEs por centros tutelados, tal y como se aprobó en el pleno de octubre.