La AUGC denuncia parálisis del Gobierno dos años después de la muerte de dos guardias civiles en Barbate
La AUGC denuncia parálisis del Gobierno dos años después de la muerte de dos guardias civiles en Barbate y reclama más medios, refuerzos de plantilla y el reconocimiento de la profesión como de riesgo en la provincia de Cádiz.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la “parálisis” del Gobierno de España cuando se cumplen dos años de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate (Cádiz), ocurrida el 9 de febrero de 2024 tras ser embestidos por una narcolancha durante un operativo contra el narcotráfico.
En un comunicado difundido este lunes, la organización profesional ha expresado su “indignación y tristeza” al considerar que, transcurrido este tiempo, la situación sobre el terreno “no ha cambiado” y que las condiciones de seguridad de los agentes que operan en la costa gaditana siguen siendo insuficientes.
Según la AUGC, la falta de avances responde a una “desidia política” que, a su juicio, continúa siendo el principal obstáculo para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en el conjunto de la provincia de Cádiz. La asociación sostiene que muchas de las medidas anunciadas tras los hechos de Barbate no se han materializado.
Entre las principales reivindicaciones, la AUGC ha señalado la falta de desarrollo de la declaración de zona de especial singularidad para el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz, una figura que permitiría dotar al territorio de mayores recursos humanos y materiales. Según la organización, esta solicitud permanece “guardada en un cajón” sin avances concretos.
La asociación profesional también ha alertado de que las plantillas de la Guardia Civil continúan “bajo mínimos”, sin un refuerzo estructural que permita hacer frente a organizaciones criminales que, según indican, son cada vez más violentas y cuentan con medios técnicos de alta potencia. En este sentido, han denunciado la ausencia de incentivos económicos y profesionales que faciliten la estabilidad de los agentes destinados en la zona.
AUGC ha subrayado igualmente el “riesgo constante” al que se enfrentan los guardias civiles en la costa gaditana, al tener que actuar contra embarcaciones rápidas con recursos materiales “claramente inferiores”. La asociación ha lamentado que, dos años después de los hechos, no se haya reconocido a la Guardia Civil como profesión de riesgo, una demanda histórica del colectivo.
El comunicado recuerda que, tras la muerte de los dos agentes en Barbate, se sucedieron pronunciamientos institucionales y compromisos públicos para mejorar la seguridad y reforzar la presencia policial en el litoral andaluz. Sin embargo, la AUGC considera que esas promesas no se han traducido en una estrategia integral y efectiva por parte del Ministerio del Interior.
En este punto, la asociación se ha sumado a las críticas de representantes públicos y sociales que, según indican, denuncian que “nada ha cambiado” desde lo ocurrido en el puerto de Barbate. En su valoración, el desmantelamiento de unidades especializadas y la falta de un plan global contra el narcotráfico han contribuido a “envalentonar a los delincuentes”.
Para la AUGC, el segundo aniversario de la tragedia debería servir para evaluar las medidas adoptadas y corregir las carencias existentes. “Dos años es tiempo más que suficiente para haber dotado a la provincia de medios de protección dignos y patrulleras capaces de plantar cara a las narcolanchas con seguridad”, ha señalado la organización.
Entre las exigencias trasladadas al Ministerio del Interior, la asociación reclama el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, la declaración “inmediata” de zona de especial singularidad para el sur de España y un aumento “real y permanente” de las plantillas en las áreas más afectadas por el narcotráfico.
Asimismo, la AUGC ha pedido la renovación urgente de las embarcaciones del Servicio Marítimo y la dotación de equipos de protección adecuados para los agentes. La organización concluye que es necesario pasar “de las palabras a los hechos” y que la seguridad tanto de los guardias civiles como de la ciudadanía “no puede esperar más”.
