La delegada, Ana Fidalgo, ha destacado que en un año se han impartido 22.430 horas de talleres por importe de 354.326,41€
La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana Fidalgo, ha subrayado, durante una reunión con los directores de los 26 Centros de Participación Activa de la provincia de Cádiz, que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha invertido un total de 1.266.881,24€ en los CPA desde el año 2019.
Los Centros de Participación Activa son espacios de promoción del bienestar de las personas mayores tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores de la población. Pueden ser socios cualquier persona mayor de 60 años, o aquellas menores cuyo cónyuge esté asociado.
Fidalgo ha resaltado «el efecto protector» frente a la soledad que tienen los centros de participación activa y las iniciativas en grupo que se llevan a cabo, revelándose como herramienta esencial para el bienestar físico, psíquico, emocional y social de este grupo de población. Entre los meses de noviembre de 2020 y 2021, las horas impartidas para talleres en los CPA han sido 22.430 por importe de 354.326,41 euros.
«Estos centros, que han recuperado su actividad con las lógicas prevenciones tras la pandemia, permiten a nuestras personas mayores ampliar la red de contactos sociales más allá de la familia y el entorno habitual, y proporcionan actividades culturales y de ocio que conllevan una mejor salud física y mental», ha elogiado la delegada, «una experiencia que en definitiva se traduce en una mejor calidad de vida». A su juicio, «los 460.000 socios y socias con los que cuentan los CPA en toda Andalucía, 90.609 en Cádiz, son el mejor ejemplo de esa labor que desempeñan estos recursos».
Durante el encuentro, Fidalgo ha recordado además el apoyo de la Consejería con iniciativas como la puesta en marcha del protocolo para detectar, tratar y paliar la soledad no deseada en las personas mayores de Andalucía. Se trata de un documento único en la comunidad autónoma que hasta el momento no contaba con ninguna herramienta unificada para combatir este problema, que se está convirtiendo en una de las nuevas epidemias del primer mundo.
La delegada ha explicado que “el principal objetivo de este protocolo es romper el aislamiento y la situación de soledad no deseada que viven muchas personas mayores andaluzas, favoreciendo la promoción del envejecimiento activo y mejora de la calidad de vida y bienestar mental”.
El protocolo, que está dirigido a personas mayores de 55 años, busca implicar tanto a las administraciones públicas como a los agentes sociales desde un enfoque local, en cada municipio, barrio, zona o distrito. En ese sentido, se consideran “claves” para la detección de la soledad no deseada agentes del ámbito familiar, vecinal, de proximidad (como comercios, gimnasios, transporte público…), sociocomunitario, sanitario, farmacéutico, asociativo, de ocio, laboral o de seguridad (donde se encuentran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil…).
Ana Fidalgo ha asegurado que el Gobierno andaluz tiene “un reto muy ambicioso, que no es otro que volver a reivindicar las relaciones de proximidad y cercanía que han marcado siempre el carácter de los andaluces”. En este sentido, ha apuntado que “queremos incorporar el sentido de comunidad para atajar un problema grave como es la soledad no deseada”.
Plan estratégico para las personas mayores
La delegada ha recordado que esta apuesta por priorizar la atención a las personas mayores tiene como hoja de ruta el Plan Estratégico Integral, que se ha puesto en marcha durante esta legislatura «cumpliendo un mandato que acumulaba 20 años de retraso». El plan implica a todas las áreas del Gobierno andaluz, coordinados por la Consejería de Igualdad, y cuenta con un presupuesto de 164 millones de euros.
Fidalgo ha explicado que el plan estratégico aborda la prevención de los malos tratos, la atención a la vulnerabilidad o la defensa de los derechos de los mayores. Y fomenta aspectos como la prevención de la dependencia y el mantenimiento de la mayor autonomía posible al apostar por un modelo desinstitucionalizado, «porque sabemos que las personas mayores donde quieren estar es en sus casas, en entornos amigables y accesibles pero con un amplio abanico de recursos a su disposición». Asimismo, se ha referido al fomento del envejecimiento activo como uno de los campos prioritarios de actuación, «a fin de mejorar la calidad de vida y llegar a llegar a una edad más avanzada en las mejores condiciones».
Paliar la brecha digital
La delegada también ha hecho mención al compromiso de las entidades bancarias con presencia en Andalucía para avanzar de forma conjunta en la mejora de la atención a las personas mayores, a fin de paliar la brecha digital y agilizar las gestiones cotidianas que tiene que realizar este grupo de población. La Consejería lidera desde el pasado año una mesa de trabajo con las entidades del sector que, entre otras acciones, ha acordado impartir talleres de formación financiera y digital en los 168 centros de participación activa repartidos por la comunidad, con especial atención a las zonas rurales.
«Hemos comprobado que es posible encontrar iniciativas de atención a estas personas que se alineen además con los criterios y valores de responsabilidad social corporativa y la sensibilidad social que impregna la actividad del sector bancario», ha señalado la delegada. En las reuniones han participado hasta ahora, gracias a la intermediación del Banco de España, entidades como Caixabank, Banco Santander, Cajasur-Kutxbank, Ibercaja, Caja Rural del Sur, BBVA, Fundación Cajasol y Unicaja Banco.
Fidalgo ha explicado que el grupo de trabajo creado el pasado otoño responde a la escucha activa de las solicitudes del Consejo Andaluz de Personas Mayores y de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores en Andalucía, que se han pronunciado en diversas ocasiones sobre la brecha digital y la dificultad de acceso a algunos trámites bancarios. «Por eso quisimos adelantarnos y dialogar con las entidades en busca de soluciones», ha dicho la delegada, quien ha valorado el «compromiso de estas entidades para ofrecer una atención individualizada y de calidad a este grupo de población».
Fruto de ese compromiso son los talleres de formación bancaria y nuevas tecnologías que se llevarán a cabo en la red de CPA de la comunidad, que cuentan con más de 460.000 personas asociadas. Serán ofrecidos por personas voluntarias y utilizando como punto de partida material didáctico elaborado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, desde la Consejería de Igualdad se realizará una prospección entre esas personas usuarias de los centros de participación para concretar los puntos más interesantes a abordar en esas acciones formativas.