La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) ha presentado denuncia ante la Fiscalía de las Comunidades Autónomas – Sección Territorial de Sevilla por la convocatoria de contratación urgente de 159 funcionarios interinos de la Junta de Andalucía del pasados 8 de julio.
Concretamente la CAMB acusa de prevaricación al Consejero de Presidencia, Elías Bendodo; a la Secretaria General de Administración Pública, Ana María Vielba y la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía, Natalia Silva.
La CAMB considera que la discriminación que se realiza, excluyendo e participar en esta convocatoria a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, es presuntamente inconstitucional. Igualmente, excluir a pacientes crónicos como hipertensos o diabéticos, que no estén en situación de invalidez por enfermedad, o a las personas mayores de 60 años, no está amparado por ninguna legislación al respecto.
Señala como contradicción flagrante de esta convocatoria que la misma se hace al amparo de la crisis sanitaria originada por la pandemia y, sin embargo, en el perfil de todas estas contrataciones no aparecen para nada profesionales o trabajadores del sector de la salud, encontrándose Andalucía en este periodo con una enorme saturación de los servicios con falta de personal en Atención Primaria y especialidades.
Finalmente, esta convocatoria realizada de manera urgente, mediante un procedimiento de envío de solicitud por correo electrónico en un plazo de 24 horas, sin incluir siquiera curriculum, vulnera los principios de publicidad, mérito y capacidad que exige la legislación estatal recogida en el Estatuto del Empleado Público. Desde la CAMB opinan que con esta convocatoria, junto a otras similares que se están produciendo, quizás tratan realmente de formalizar una “administración paralela” con mecanismos de selección presuntamente fraudulentos y, entre otros objetivos, subyace el deseo de sortear los mecanismos de control e informes previos necesarios de impacto medioambiental o de impacto a la salud que la legislación exige, sobre todo en proyectos urbanísticos, algunos de gran relevancia y que actualmente están en espera de “acelerar” los trámites.