Ante el estallido de la guerra mundial, España adoptó una política oficial de neutralidad, aunque la opinión pública se dividió entre aliadófilos y germanófilos. En general, los liberales, progresistas, republicanos y la izquierda defendieron la causa de Inglaterra y Francia, frente a los sectores más conservadores, partidarios de los imperios centrales (Alemania y Austria-Hungría). La neutralidad favoreció a la economía española, puesto que las necesidades de los contendientes estimularon la demanda de productos agrarios e industriales. Pero esta situación no fue tan favorable para los trabajadores, ya que la masiva exportación provocó un alza de precios y la carencia de productos básicos. El deterioro de la capacidad adquisitiva de los obreros generó una fuerte conflictividad social.
En relación con el sistema político, en 1913 regresaron los conservadores al poder de la mano de Eduardo Dato, provocando la escisión de los seguidores de Maura, los mauristas. Pero también los liberales se dividieron en varios grupos, siguiendo a distintos líderes: conde de Romanones, García Prieto y Santiago Alba. Esta disgregación interna de los partidos dinásticos aumentó la inestabilidad. Se rompía así el turnismo. Los gobiernos entre 1913 y 1917 fueron débiles, recurriéndose al cierre periódico de las Cortes, así como a la aprobación de decretos para poder gobernar al margen del parlamento. Esta situación contribuyó cada vez más al desprestigio del sistema. La oposición al mismo comenzó a exigir una reforma profunda en un sentido democrático. En el verano de 1917 la situación estalló en una crisis múltiple: militar, política y social.
El ejército empezó a cuestionar el sistema interviniendo en la vida política. Entre los militares había surgido un gran malestar desde la derrota de 1898, acentuado por el auge de los regionalismos y las críticas a su funcionamiento y eficacia. Reaccionó con fuerza y consiguió la aprobación de la Ley de Jurisdicciones. A la altura de 1917 el malestar había crecido ante la inestabilidad gubernamental, los bajos salarios por la generalizada subida de precios y, especialmente, a causa de la política de ascensos que premiaba a los militares del ejército de Marruecos, discriminando a los que servían en unidades peninsulares. Este descontento militar contra el gobierno provocó la creación de las Juntas de Defensa, especie de asociaciones sindicales que defendían los intereses económicos y profesionales o corporativos militares. Presionaron al poder civil, que terminó por legalizarlas, acentuando la autonomía e injerencia del ejército en la vida política española.
Como respuesta al clima de inestabilidad y crisis, el gobierno de Dato decretó la censura de prensa y la suspensión de las garantías constitucionales y de las Cortes. Ante estas medidas autoritarias y en medio de grandes protestas, Cambó, dirigente de la Lliga Regionalista, convocó en Barcelona en julio una Asamblea de Parlamentarios, a la que solamente asistieron los parlamentarios de la oposición de izquierdas, regionalistas y algunos liberales. Estos parlamentarios pretendían que se convocaran Cortes Constituyentes, la aplicación de un programa reformista y que se respetase la realidad plurinacional de España. Pero la heterogeneidad ideológica de la Asamblea y el rechazo de las Juntas de Defensa, que se situaron al lado del gobierno, facilitaron la disolución de la Asamblea.
La tensa situación social y la creciente fuerza de los sindicatos favorecieron la creación de un comité de acción conjunta de la CNT y la UGT. A pesar de las diferencias evidentes entre socialistas y anarquistas la extensión del conflicto ferroviario de Valencia llevó a los dos sindicatos a convocar una huelga general revolucionaria para el 13 de agosto para reivindicar un cambio político. La movilización se extendió por Asturias, País Vasco, Madrid y Cataluña pero no contó con el apoyo de la Asamblea de Parlamentarios, defensora de los intereses de la burguesía, ni con el de las Juntas de Defensa. El propio ejército se encargó de la represión con dureza de la huelga.