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La Diputación mantendrá los anticipos de Recaudación en Grazalema pese a la exención del IBI por el temporal

La Diputación confirma que garantizará los anticipos de Recaudación en Grazalema tras la exención del IBI y otros tributos aprobada por el Gobierno para municipios afectados por las borrascas.

La Diputación de Cádiz mantendrá los anticipos de Recaudación en Grazalema pese a la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos locales aprobada por el Gobierno central tras los daños provocados por los últimos temporales. La medida busca asegurar la liquidez del Ayuntamiento y garantizar el pago de nóminas y la prestación de servicios públicos municipales durante 2026.

El vicepresidente quinto de la Diputación y responsable del Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria, Sebastián Hidalgo, trasladó esta decisión al alcalde de Grazalema, Carlos García Ramírez, durante una visita institucional al municipio serrano.

La exención fiscal está recogida en el Real Decreto Ley 5/2026, en vigor desde el 18 de febrero, que contempla beneficios tributarios para municipios afectados por la sucesión de borrascas. En concreto, se exime del pago del IBI urbano y rústico, así como del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), en determinadas circunstancias.

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Según explicó Hidalgo, Grazalema cumple los requisitos establecidos en la norma estatal, que prevé la exención del IBI urbano en municipios de hasta 5.000 habitantes que hayan sido desalojados total o parcialmente o que hayan sufrido daños graves en inmuebles, incluso sin desalojo. También pueden acogerse los municipios que determine la Comisión de Evaluación de la Delegación del Gobierno en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del decreto.

La aplicación de esta exención supone que el Ayuntamiento dejará de ingresar en 2026 una parte relevante de sus tributos locales. No obstante, la Diputación ha decidido mantener los anticipos mensuales que transfiere a los municipios que tienen delegada la gestión tributaria en el Servicio Provincial de Recaudación.

Estos anticipos se calculan en función de la recaudación prevista y permiten a los ayuntamientos disponer de ingresos estables a lo largo del año, con independencia de los periodos en los que los contribuyentes abonan sus impuestos. En el caso de Grazalema, las cuantías adelantadas se mantendrán pese a que parte de los impuestos que sirven de base para su cálculo quedarán exentos y, por tanto, no se recaudarán efectivamente.

Para poder sostener este sistema, la Diputación concierta pólizas de crédito con entidades financieras, respaldadas por la recaudación global de los municipios que delegan la gestión de sus tributos en la institución provincial. Este mecanismo permite garantizar transferencias periódicas a los ayuntamientos y dotarlos de liquidez para afrontar gastos corrientes.

Desde el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria se ha contactado además con el Ministerio de Hacienda para que se concrete el mecanismo estatal que compensará la merma de ingresos derivada de las exenciones fiscales. La Diputación recuerda que los tributos afectados son de titularidad municipal, aunque su gestión esté encomendada al organismo provincial.

Además del IBI urbano, la exención se aplica al IBI rústico y al BICES. En el caso del IBI rústico, el decreto contempla su aplicación por motivos de desalojo o daños graves, pero también por reducciones en el rendimiento neto de explotaciones agrícolas o ganaderas. Esta exención tendrá carácter provisional hasta que se acrediten las pérdidas mediante las correspondientes declaraciones del IRPF o del Impuesto de Sociedades.

En cuanto al BICES, la exención deberá ser solicitada por las personas interesadas y requerirá la acreditación de los daños sufridos.

Con esta decisión, la Diputación garantiza los anticipos de Recaudación en Grazalema en un contexto marcado por las consecuencias económicas del temporal, mientras se articula la compensación estatal prevista para equilibrar las cuentas municipales afectadas por la medida fiscal extraordinaria.

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