La Diputación reclama zonas tensionadas en Cádiz y medidas para facilitar el acceso a la vivienda

La propuesta sobre zonas tensionadas en Cádiz plantea aplicar esta figura en los municipios que cumplan los requisitos y abre un debate sobre alquileres, vivienda pública y las responsabilidades de las administraciones

La Diputación de Cádiz respaldó en el pleno ordinario del 21 de octubre una moción socialista que reclama a la Junta de Andalucía declarar zonas de mercado residencial tensionado en los municipios de la provincia que cumplan los requisitos legales. La iniciativa también pide aplicar el Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 y facilitar el acceso a la primera vivienda a jóvenes y familias con ingresos, pero sin ahorro suficiente para afrontar su compra.

El debate incluyó referencias expresas a Cádiz capital, donde el portavoz socialista, Pizarro, situó los alquileres aproximadamente entre 800 y 1.200 euros por vivienda. El diputado utilizó esa estimación para cuestionar las posibilidades de acceso de las familias y reclamar una mayor intervención de las administraciones dentro de sus respectivas competencias.

La Presidencia anunció la aprobación de la propuesta tras una discusión en la que PSOE e IU defendieron la necesidad de actuar sobre los precios y ampliar la vivienda pública, mientras el PP cuestionó las medidas del Gobierno central y sus consecuencias sobre la oferta de alquiler.

Petición de zonas tensionadas y aplicación del plan estatal

La moción plantea que la Junta utilice la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplan las condiciones establecidas en la legislación. El acuerdo constituye una petición a la Administración autonómica: no supone que el pleno provincial haya declarado directamente ningún municipio bajo esta figura ni identifica una declaración específica para Cádiz capital.

El texto también reclama la aplicación efectiva del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 y la colaboración entre administraciones para desarrollar medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y personas en situación de vulnerabilidad.

Otra de las demandas se refiere a quienes pueden afrontar una financiación hipotecaria, pero carecen del ahorro necesario para acceder a su primera vivienda. Durante su intervención, Pizarro señaló la dificultad que supone reunir una cantidad inicial elevada en un contexto de precios altos y capacidad de ahorro limitada.

El alquiler en Cádiz capital entra en el debate

El portavoz socialista interpeló al representante popular que también es concejal en Cádiz sobre el coste de alquilar una vivienda en la ciudad. A su juicio, los precios que citó durante la sesión reflejan una situación que exige respuestas públicas para las personas que necesitan residir y trabajar en la capital.

Pizarro recordó asimismo anteriores programas autonómicos de rehabilitación y actuaciones de vivienda pública desarrollados en Cádiz. Reclamó a la Junta que recupere el esfuerzo inversor y defendió que aumentar el parque público es una de las principales herramientas para abordar el problema a medio plazo.

Desde IU se coincidió en situar la vivienda entre los problemas sociales más graves. Su intervención relacionó el incremento de los precios con las dificultades para la emancipación y para desarrollar un proyecto de vida estable, especialmente entre la población joven.

Discrepancias sobre regulación y oferta

El PP centró sus críticas en las políticas del Gobierno de España. El representante popular sostuvo que determinadas medidas generan inseguridad jurídica y desincentivan la oferta de viviendas en alquiler.

Los socialistas rechazaron ese enfoque y acusaron a los populares de desplazar el debate hacia el Ejecutivo central para evitar examinar la actuación de la Junta en materia de construcción de vivienda pública. Pizarro insistió en que la respuesta debe incluir financiación autonómica suficiente y nuevas promociones.

Antes de la votación, el PP solicitó que los apartados de la moción se sometieran a votación por separado. El proponente socialista no aceptó la petición y la iniciativa se votó en conjunto.

El acuerdo aprobado tiene carácter reivindicativo y se dirige a las administraciones competentes. Durante este punto no se anunció una promoción concreta, una dotación presupuestaria provincial ni un calendario de construcción de nuevas viviendas.